El pacto de estabilidad que sostiene el Govern catalán ha quedado este miércoles roto, mutado o pendiendo de un hilo, dependiendo de a qué partido se le pregunte. Pese a la diferencia de criterios, el president de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado un golpe de efecto al anunciar que en septiembre se someterá a una cuestión de confianza. La legislatura catalana volverá a depender de la decisión que tome la CUP, que deberá volver apoyar o retirar definitivamente la confianza al president que invistió solo hace 6 meses. Junts pel Sí ha decidido lanzar el órdago a sus exsocios antes que buscar alianzas con otros grupos en el Parlament y se muestran dispuestos a dar por extinguida la legislatura si la mayoría independentista no es capaz de ponerse de acuerdo.
Acabe o no habiendo elecciones en enero, la que fue descrita como “legislatura de transición” el día de su constitución queda a partir de ahora y en los próximos tres meses paralizada por la falta tanto de cuentas como de socio alternativo para los de Junts pel Sí. El grupo mayoritario de los independentistas, pese a todo, se ha mostrado dispuesto a continuar gobernando en solitario e impulsando un proceso soberanista cuyo motor son las tres leyes “de desconexión” que se preparan en ponencias parlamentarias junto a la CUP.
El president Carles Puigdemont ha descrito el portazo de la CUP a las cuentas como un “punto de inflexión” tanto en la legislatura como en el futuro del proceso soberanista. “Asumo el cambio no previsto”, ha explicado Puigdemont sobre la decisión de someterse a una cuestión de confianza transmitida en el pleno tras el fracaso de las cuentas, “no tengo interés de alargar el mandato”.
El gesto del president era anunciado con solemnidad, pero no era la primera vez que la idea de una moción de censura planeaba sobre el acuerdo con los cupaires. Durante las negociaciones de investidura de diciembre pasado Artur Mas ya ofreció esta posibilidad a cambio de su investidura. La de Puigdemont será la primera cuestión de confianza en la historia desde la recuperación de las instituciones catalanas.
Junts pel Sí, en minoría
La situación de debilidad parlamentaria de JxSí venía dejándose ver en diversas votaciones, aunque el grueso de la acción de gobierno, que hasta el momento no había consistido en ninguna ley, había logrado pasar el trámite parlamentario gracias a la negociación constante con la CUP. Sin embargo, la transversalidad ideológica del bloque independentista ha impedido esta vez pasar el proyecto presupuestario, el más importante del ejercicio. La enmienda a la totalidad del conjunto de la oposición ni ha dejado que las cuentas de Oriol Junqueras lleguen ni siquiera al trámite, pese a la intención declarada del vicepresident de negociar con la CUP sobre materia fiscal una vez pasado el trámite de este miércoles.
Los anticapitalistas consideraban que Junqueras debía rehacer totalmente sus presupuestos. Reclamaban diferentes medidas fiscales, como la subida del IRPF a las rentas más altas, que el de ERC, pese a haber asegurado ver con buenos ojos, no había introducido en el proyecto de ley de medidas fiscales para mantener la cohesión interna del Govern con una Convergència que se negaba en redondo a una reforma fiscal en clave de mayor redistribución.
Además, la CUP consideraba que la ley de acompañamiento debía desobedecer el límite de déficit marcado por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, así como introducir los impuestos anulados –y no solo los suspendidos– por el Tribunal Constitucional.
Desde el Departament de Economía consideraban que todas estas cuestiones que la CUP exigía podrían ser tratadas durante el trámite parlamentario, pero no antes. En el capítulo de los gastos las cuentas si incluían el plan de choque pactado con la CUP a cambio de la investidura, además de una ampliación en el conjunto de partidas que llega al 5,3%.
Las posibilidades de supervivencia de la legislatura pasan ahora por la decisión que tome la CUP sobre volver a apoyar o no a Puigdemont en septiembre. El president presentará en la cuestión de confianza una hoja de ruta para la acción de gobierno y los presupuestos de 2017.
Los equilibrios internos en la formación de la izquierda independentista han cambiado entre enero pasado y este mayo, cuando la CUP celebró su asamblea nacional en la que aprobó mociones favorables a romper la alianza de legislatura con JxSí. El pacto de estabilidad suscrito entre los dos grupos independentistas en enero había provocado un profundo malestar en diversos sectores anticapitalistas, que además consideran que el proceso no va todo lo rápido que debería.
Antes de la decisión de la CUP, en tan solo unos días, el independentismo se enfrentará a una campaña y una nueva cita electoral, la de las generales. Tanto ERC como CDC se juegan en ellas mucho más que un puñado de escaños en el Congreso de los Diputados. Los resultados del 26-J describirán el estado del equilibrio interno en Catalunya, y si los partidos independentistas retroceden o salen reforzados tras el revés en el Parlament. También la hegemonía interna en el independentismo, donde ERC parece consolidarse como partido más fuerte.
Las elecciones y las posteriores negociaciones de investidura en España serán también cruciales en el panorama interno catalán, sobre todo si acaba habiendo elecciones en enero del año que viene, en las que hará entrada Catalunya En Comú, ganadora de las elecciones generales el 20-D y favorita en las encuestas para el 26-J.