Llarena abre la puerta a decidir sobre la libertad de Sànchez después de la fecha prevista para la investidura
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha abierto la puerta a decidir sobre la libertad del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, después del próximo lunes a las 10h., la fecha en que está previsto celebrar la primera sesión del debate de investidura.
El juez ha dado trasladado y ha dado cinco días naturales a defensas y acusaciones para posicionarse sobre la petición de libertad del candidato a la presidencia efectuada este martes por la defensa de Jordi Sànchez. Fiscalía, VOX y las defensas de los 28 investigados que forman la cúpula del proceso independentista tienen de margen para responder hasta el mismo lunes.
Los plazos no tienen por qué agotarse hasta el final y las partes podrían pronunciarse sobre la petición de libertad de Sànchez antes de la fecha prevista del pleno. No obstante, fuentes jurídicas también explican que podría pasar todo lo contrario, y que la decisión de Llarena se produzca más allá del martes, e incluso el miércoles, ya que es habitual que se dé un día extra a las partes para responder.
Las mismas fuentes añaden una posible vía intermedia: que Llarena decida únicamente antes del lunes sobre si da un permiso de Sánchez para acudir al pleno, y después abordar la petición de libertad, lo que implicaría que el candidato acudiría al Parlament para someterse a la investidura –que a día de hoy sería fallida, pues no cuenta con los votos necesarios de la mayoría– y después volvería a Soto del Real. Pero esa opción es improbable, pues la defensa del candidato formuló la petición del permiso extraordinario en el caso de que el juez negara la libertad provisional a Sànchez.
Las citadas fuentes muestran además su sorpresa por los cinco días de plazo que el magistrado ha dado a las partes para que adherirse u oponerse a la libertad solicitada por Sànchez, habida cuenta de que “normalmente” los plazos para contestar a escritos de este tipo son de dos o tres días, señalan.
En su petición de libertad, la defensa de Sànchez, que ejerce el penalista Jordi Pina, solicita al juez que lo deje en libertad provisional o le dé permiso para “acudir personalmente al debate de investidura” y garantizar así sus derechos políticos. El escrito recalca la “decidida voluntad” de Sànchez y de JxCat de “respetar las decisiones del Tribunal Constitucional” así como de “obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas”.
