Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a la alcaldesa de Berga (Barcelona) Montserrat Venturós (CUP), cumpliendo la orden judicial que emitió el juez después que la alcaldesa se negara a acudir a declarar como investigada por no retirar la 'estelada' del balcón del ayuntamiento en las elecciones catalanas y españolas de 2015. La policía catalana ha llevado a la alcaldesa a los juzgados de Berga, donde ha declarado ante el juez durante una media hora. La detención de Venturós ha abierto una nueva brecha entre Junts pel Sí y la CUP, que ha expresado su enfado por la participación de los Mossos en el arresto de la alcaldesa.
A la salida de los juzgados, Venturós ha considerado “insultante” su detención y ha explicado que en su declaración judicial se ha reafirmado en los motivos que la llevaron a mantener la 'estelada' en el balcón del Ayuntamiento: “Obedecemos al mandato popular”, ha afirmado. “No retiramos la 'estelada' y no nos escondemos. Nos mantendremos firmes en el mandato popular”, ha añadido. Ante el juez, Venturós ha alegado que el acuerdo para no descolgar la 'estelada' lo tomó el pleno municipal en 2012, cuando ella no era ni concejala ni alcaldesa.
Tras declarar, Venturós sigue investigada por un presunto delito electoral, aunque ha quedado en libertad sin fianza. Con todo, en un auto el juez ha advertido a la alcaldesa de que si vuelve a negarse a comparecer podrá volver a ordenar su detención e incluso que ingrese en prisión.
La detención de Venturós por parte de la policía catalana ha provocado duras críticas de la CUP a la conselleria de Interior, que comanda el convergente Jordi Jané. Y es que los anticapitalistas vienen reclamando desde hace tiempo que la policía catalana no sea la encargada de actuar contra los cargos políticos que opten por desobedecer, algo a lo que siempre se ha negado Interior.
El diputado de la CUP y abogado de Venturós, Benet Salellas, ha afeado la actuación policial. Agentes de paisano Mossos han detenido a Venturós en su casa a primera hora de la mañana, lo que Salellas ha calificado de “impropio de una policía democrática”. Salellas ha mandado un mensaje directo al Govern, que depende de la CUP para lograr una mayoría en el Parlament, y ha instado al Ejecutivo a decir “si está con la justicia española o con defender a los cargos electos” catalanes.
Por otro lado, Salellas ha enmarcado la investigación sobre Venturós en una “escalada represiva” por parte del Estado, y ha añadido que el caso nació a partir de una denuncia de Sociedad Civil Catalana, entidad que ha considerado “de extrema derecha”.
El Govern ha evitado comentar el papel de la policía catalana y se ha centrado en la investigación judicial. El conseller de Interior, Jordi Jané, ha instado a “no matar al mensajero” y dejar a los Mossos al margen del debate por la detención de la alcaldesa. “El tema es por qué están judicializadas tantas actuaciones”, ha remarcado Jané, que ha recordado que cuando los Mossos, como en este caso, actúan como policía judicial “quien los manda es el juez, la orden no ha pasado por el Gobierno”.
La alcadesa de Berga ha recibido el apoyo del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; y de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau.
Doble plante al juez
Venturós se negó a comparecer ante el juzgado donde el 5 de abril y el 17 octubre estaba citada como investigada –la denominación que antes recibían los imputados– por un presunto delito electoral por no retirar la bandera 'estelada' del balcón del ayuntamiento durante la campaña electoral de las elecciones catalanas, en septiembre de 2015, y de las españolas de diciembre.
El juzgado de instrucción 1 de Berga tiene abiertas dos causas contra Venturós por delito electoral. En ambas el juez la ha citado dos veces, y la alcaldesa se ha negado a ir a declarar. Tras la última incomparecencia de la investigada, el pasado 17 de octubre, el juez pidió informe al ministerio fiscal, que solicitó la detención de Venturós. El juez ordenó arrestar la alcaldesa este jueves para poderle tomar declaración este viernes en los procedimientos abiertos.
La alcaldesa de Berga, una población del norte de la provincia de Barcelona de unos 20.000 habitantes, no hizo caso de los requerimientos de la Junta Electoral Central, por lo que había sido citada a comparecer en el juzgado de instrucción número 1 de Berga. Acudió hasta las puertas del juzgado, pero una vez allí explicó que no pensaba entrar a declarar. “No declararé, desobedeceré por la independencia, por coherencia con el derecho a desobedecer que es la herramienta que ha escogido la CUP para defender los derechos civiles y sociales de los independentistas ante el embate de los tribunales españoles”, afirmó.