Agentes de los Mossos d'Esquadra han empezado a cumplir este martes la orden de la Fiscalía y han acudido a centros educativos previstos como punto de votación del referéndum del 1-O para identificar a sus directores y tomarles declaración.
Un director de instituto de la provincia de Tarragona, que ha preferido no dar su nombre, ha confirmado a este diario la visita de dos agentes de los Mossos d'Esquadra sobre las 14h., cuando todavía había alumnos en el centro.
Los agentes le han entregado un documento de dos hojas. La primera, el acta policial por el que los mossos han procedido a identificarle como responsable del centro. El acta contiene asimismo un breve formulario con las preguntas que la Fiscalía ordenó trasladar a los directores: si han recibido urnas y sobres para el 1-O así como órdenes de la Generalitat por escrito u orales para entregar las llaves del centro.
La Fiscalía insta además a los directores a dar los nombres de los responsables de la Generalitat en caso de que les hayan trasladado de palabra órdenes para ceder las llaves de los centros.
A estas tres preguntas el director tarraconense ha respondido que no, puesto que en su caso ningún responsable de los servicios territoriales de Enseñanza de la Generalitat le ha requerido ninguna tarea relacionada con el referéndum, ha explicado a este diario.
Los agentes también han trasladado a los directores el aviso de la Fiscalía –que algunos docentes ven como una amenaza– por el que el ministerio público les advierte que ceder las llaves de su centro a la Generalitat para el 1-O “podrá ser considerado un acto de colaboración” con los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último penado con hasta ocho años de cárcel, en los que puedan incurrir los consellers y el president de la Generalitat.
Es la primera vez que la Fiscalía apunta a funcionarios de Enseñanza. Además de la advertencia de incurrir en delitos penales, el fiscal señala que si ya han entregado las llaves, los docentes “están obligados a impedir” la apertura de su centro el 1-O y a denunciar ante la policía “la presencia en el centro de personas ajenas al mismo”.
La tercera comunicación del fiscal a los directores niega lo que la Generalitat ha dicho siempre a los funcionarios, esto es, que los empleados públicos no están en peligro porque no tienen ningún papel en el 1-O. La Fiscalía indica a los directores que cualquier comunicación de la Generalitat que les exima de responsabilidad en el 1-O “es rotundamente falsa y sin fundamento legal”.
Finalmente, el fiscal también pide a los directores que le trasladen cualquier “amenaza, coacción o presión” para ceder locales.
Ni la Fiscalía ni los Mossos han tenido a bien concretar el número de centros de votación para el 1-O –que la Generalitat cifra en unos 2.000, incluidos escuelas, institutos, centros cívicos y centros sanitarios de atención primaria– afectados por la instrucción del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.
El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha cargado contra la orden “equivocada” de la Fiscalía, aunque ha defendido que los Mossos no tienen otra opción que cumplir con el ministerio público. “Los Mossos hacen lo que tienen que hacer y lo respetamos”, ha afirmado.