Los cambios introducidos en la hoja de ruta independentista que permitieron a Carles Puigdemont superar la cuestión de confianza de la semana pasada han obtenido este jueves el aval de la mayoría parlamentaria. El soberanismo se ha aliado en la Cámara para instar al Govern a buscar un referéndum acordado con el Estado y a convocarlo sin pacto “como tarde” en septiembre de 2017.
El nuevo mandato no ha sido aprobado en una sola propuesta de resolución ni gracias a una única votación, sino que se ha valido de dos textos diferentes para sumar a CSQEP, la marca de Podem, ICV y EUiA, al primer tramo del plan, el que contempla reclamar un referéndum de independencia al Estado. La segunda parte, la convocatoria de un referéndum de forma unilateral si el Estado continúa negándose a pactarlo, ha contado con el apoyo de JxSí y la CUP.
“En esta cámara hay 83 de 135 diputados a favor del referéndum”, aseguró el miércoles el diputado anticapitalista, Albert Botran, llamando a buscar una fórmula de consenso entre la mayoría reforzada de tres quintos que el soberanismo tiene en el pleno. Pero la voluntad de las tres partes, JxSí, CSQEP y la CUP, no ha sido suficiente para construir una propuesta que haya recibido el acuerdo de los 83, salvando un punto sobre la discusión constituyente desde los ayuntamientos y el rechazo de la “judicialización de la política”. En los puntos claves sobre el referéndum, a lo más que se ha llegado es a que CSQEP y la CUP se hayan abstenido en sus respectivas propuestas.
El gesto de no votarse en contra en lo referente al referéndum es el primero que indica un acercamiento de posturas entre CSQEP y el independentismo desde las elecciones del 27-S, y se entiende como una respuesta positiva por parte del grupo al deseo expresado por Puigdemont de volver a hacer una búsqueda activa del referéndum pactado. Fuentes de la formación morada explicaban el miércoles que su intención era formar un bloque “cuanto más amplio mejor” por el referéndum, sin poner “fechas de caducidad”.
El resto de la oposición, que había intentando paralizar la votación sobre estos puntos en la mesa de portavoces al considerarlos fuera de la ley, ha cargado contra las dos propuestas aprobadas. “Será un brindis al sol”, ha considerado la socialista Eva Granados. “Volvemos al monotema en vez de hablar de lo que a la gente le importa”, ha esgrimido Carlos Carrizosa, de Ciutadans. Las tres fuerzas antisoberanistas, C's, PSC y PP, han coincidido en la imagen de “una rueda de hámster” para describir la vuelta del Parlament a fijar el horizonte nacional.
Comisión de seguimiento y de garantías
El texto aprobado por JxSí y la CUP no solo concreta la fecha límite del referéndum, septiembre de 2017, sino que avanza algunos de los instrumentos para celebrarlo fuera de la legalidad española pero intentando que se adecue a los estándares internacionales. Por ello, se prevé la creación de una “comisión de seguimiento” del proceso de autodeterminación que sirva además como órgano de garantías en el eventual referéndum.
Según el texto aprobado, esta comisión estará integrada por “personas del ámbito internacional que hayan conocido otros procesos similares y/o juristas conocedores de la materia”. Estiman además que este órgano debería crearse en los próximos dos meses, misma fecha que ponen para que el Parlament acabe de redactar la ley de Transitoriedad.
Para dar un mayor impulso al referéndum sin acuerdo con el Estado también se prevé volver a activar un espacio conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación, a la imagen de lo que en su momento fue el Pacto Nacional pel Dret a Decidir, pero enfocándolo ahora sobre el referéndum. No obstante, el texto aprobado alude a que un acuerdo con el Estado paralizaría todos estos planes.