El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la Mesa, siguen tramitando todas las iniciativas que les llegan de los grupos pese a que el Constitucional les ordenó que paralizasen las que tuvieran relación con preceptos anulados. Este miércoles el órgano ha dado luz verde a una moción de la CUP en la que se reclama ejercer la autodeterminación, cuestión que ya fue tumbada por el Tribunal. Este acto parlamentario podría ser entendido como un acto de desobediencia a la advertencia penal del TC.
La fórmula usada por la CUP en la moción da un paso más respecto a la propuesta conjunta que los independentistas pactaron y que la Mesa tramitó la semana pasada. Si en aquella se declaraba el derecho del Parlament a debatir sobre autodeterminación, en el texto de la CUP se propone que el pleno exprese su voluntad de “ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación” y “respetar la voluntad del pueblo catalán”.
El Constitucional advirtió a la Mesa del Parlament el pasado 10 de octubre de su obligación de paralizar el trámite de cualquier propuesta que fuera continuación o despliegue de preceptos anteriormente anulados, después de que el Gobierno instara un incidente de ejecución para que el Parlament cumpliera algunas de sus sentencias. Esta advertencia derivó en una situación de bloqueo por parte de las fuerzas independentistas, que por este motivo no lograron consensuar una respuesta a la sentencia del Supremo sobre el procés en los siguientes días a su publicación.
Finalmente la semana pasada JxCat, ERC y la CUP anunciaron haber llegado a un acuerdo sobre una propuesta de resolución para rechazar las condenas a los líderes independentistas encarcelados, en la que además se incluía la defensa de la autodeterminación. Un texto que fuentes del Gobierno central ya avisaron que ponía al Parlament “en el abismo”, al considerar que contravenían el mandato de los tribunales.
Aceptando a trámite esa resolución conjunta, la Mesa fijó como criterio seguir aceptando cualquier iniciativa que cumpla con los requisitos de forma pero sin entrar en las cuestiones de fondo. “Asumimos las consecuencias porque es impropio de un estado democrático perseguir judicialmente a presidentes democráticos”, aseguró entonces Torrent.
La moción registrada por la CUP incluye también un punto en el que se insta directamente al president de la Generalitat a cesar al conseller de Interior, Miquel Buch. Una cuestión con la que los anticapitalistas pretenden tensionar el ya de por sí precario equilibrio existente dentro del Govern y entre los socios de JxCat y ERC a cuenta de las últimas actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Así, los diputados deberán posicionarse sobre la continuidad de Buch en el pleno.
Pero esto no sucederá, al menos, hasta el primer pleno tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, cuando está previsto por el calendario parlamentario que esta iniciativa se debata en el pleno. También será entonces cuando llegue la propuesta de resolución sobre la sentencia pactada por los grupos independentistas, después de que este martes la Mesa haya rechazado también la petición de reconsideración sobre la misma registrada por Ciudadanos y PSC. El Gobierno anunció que antes de tomar otras decisiones estaba a la espera de que Torrent tomara en cuenta esta petición, algo que finalmente no ha ocurrido.