El Parlament de Catalunya ha rechazado este martes la suspensión de 6 diputados independentistas dictada por el Tribunal Supremo gracias a la mayoría absoluta sumada por el independentismo y los comuns. La controvertida decisión del pleno se ha complementado con otra votación, que ha decidido que estos parlamentarios puedan delegar sus derechos en otros miembros de sus grupos, por lo que mantendrán el voto delegado.
Ciudadanos, PSC y PP ha preferido no participar en la votación, al considerar que el Pleno no puede votar sobre una resolución judicial firme. De hecho, Ciudadanos ha anunciado que interpondrá una querella contra los miembros de la Mesa que han permitido la votación, al entender que es una desobediencia al Supremo. En cambio, independentistas y 'comuns' se agarran al reglamento del Parlament, que en su artículo 25 prevé que las suspensiones de diputados deban ser acordadas por la Cámara.
Finalmente el pleno ha votado el dictamen que se había redactado en la Comisión del Estatuto del Diputado, que en su parte dispositiva tiene dos puntos, uno sobre las suspensiones y otro sobre las delegaciones. Así, el primero se ha rechazado con los votos de JxCat, ERC, CatComú y la CUP, mientras que el segundo se ha aprobado con los votos de JxCat, ERC y CatComú. Los diputados afectados no han participado en la votación.
Según ha defendido la diputada de Catalunya en Comú, Marta Ribas, la tomada por el Parlament es “una solución que permite superar el bloqueo” y “ante una resolución que consideramos injusta”. Con este argumento ha defendido su voto contrario a las suspensiones pero favorable a la delegación, asegurando que el rechazo a la resolución judicial es “simbólica”. Para los independentistas, en cambio, la votación del primer punto es la forma de defender la composición parlamentaria surgida de las urnas el 21 de diciembre.
“¿Permitiremos que se altere la composición de la Cámara? Porque esto es lo que se nos reclama”, se ha preguntado Marta Madrenas (JxCat), quien ha recordado que Llarena reclamó al Parlament que acordara la suspensión, razón por la que ha considerado que las suspensiones deben ser aprobadas tal y como estipula el reglamento. Mientras, desde el PSC se ha considerado que la votación suponía romper la separación de poderes, acusando a los independentistas de “totalitarios”.
El Tribunal Supremo había dictado en junio pasado una resolución de suspensión en virtud del artículo 384 bis del código penal, una legislación antiterrorista que permite suspender a los procesados por delitos terroristas o rebeldes. En esa misma resolución, Llarena abría la puerta a que, para no cambiar las mayorías de la Cámara, los diputados suspendidos pudieran ser “sustituidos”, una figura no contemplada en el reglamento pero que los letrados avalaron en un informe. Así este martes la mayoría independentista ha acatado, de facto, la vía de la sustitución apuntada por el propio magistrado Llarena.
Los diputados afectados por la decisión de este martes son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez. No así Toni Comín, pues Llarena aún no ha hecho su procesamiento firme. Los primeros además dejaron de percibir sus salarios en julio pasado, una decisión que el presidente de la Cámara aseguró que era “técnica”, aunque siguen cotizando a la Seguridad Social.
Con esta votación se ha dado por cerrada la crisis entre los grupos independentistas, iniciada en julio pasado y que ha mantenido la Cámara en un bloqueo desde entonces, después de que los partidos mayoritarios no se pusieran de acuerdo en como canalizarlo desde el Parlament.