Nada. Ni una sola nueva medida ha presentado el Govern en la primera jornada del pleno monográfico sobre la pobreza, que ha arrancado esta mañana con las intervenciones de hasta seis consellers -ninguno de ellos el de Economía-, además de la comparecencia del president, Artur Mas. Tal y como ya adelantó el conseller de Presidencia, “el presupuesto ya está cerrado” y no habrá ni un euro más de lo previsto contra la pobreza.
Lejos de presentar nuevas medidas, el desfile de miembros del Govern por la tribuna ha servido para sacado pecho, asegurando que su prioridad en la acción de gobierno ha sido la política social. Según ha afirmado Mas, “las políticas sociales han aumentado en porcentaje sobre el total de gasto”, y ha negado que el agravamiento de la pobreza y la desigualdad tenga relación con los recortes presupuestarios. “No escondo nada”, ha remarcado Mas, “sé que la situación que tenemos es grave. Pero creo que esta situación no es nueva y lo estamos haciendo bien”.
El President ha recetado la misma medicina económica que aplica desde su llegada al Ejecutivo catalán: instrumentos de Estado. “Cataluña tiene responsabilidades, pero está despojada de instrumentos”, ha vuelto a repetir Mas, tras detallar que “no recaudamos nuestros impuestos, no fijamos el déficit y no podemos legislar en temas básicos”. Tirando balones fuera, el jefe del Ejecutivo ha pintado un panorama en el que la Generalitat hace “todo lo posible” mientras que Madrid “reparte injustamente el déficit”. Una situación que a su juicio se palia mediante el proceso soberanista y la recuperación económica. Y el latiguillo final: “Mientras tanto, no nos queda más remedio”.
Los tres partidos que impulsaban el Pleno monográfico, PSC, ICV-EUiA y CUP, han reclamado medidas concretas ante una situación de aumento de pobreza que quedó de relieve tras la intervención de la entidades del tercer sector en la jornada #OpenPobresa. “Usted dice que ha puesto la política social como prioridad, pero hemos tenido que traerle aquí para hablar de pobreza”, le ha reprochado el líder del PSC, Pere Navarro, quien ha asegurado que la agenda de CiU es la misma que la del PP puesto que “han votado juntos la mitad de las veces”. La diputada del PSC, Eva Granados, ha subrayado que son los ayuntamientos quienes hacen el esfuerzo ante los recortes de la Generalitat“.
Joan Herrera, portavoz de Iniciativa, ha pedido al Govern “concrección” y una reorientación de las políticas porque “la Generalitat no ofrece respuestas”. El diputado ha criticado que el Ejecutivo “cierra la mano” cuando no permite medidas que contemplen más gasto. “Ustedes dicen que si pudieran harían otra cosa, y no es cierto, harían lo mismo que votan en el Congreso de los Diputados”, ha espetado Herrera al Govern, al que ha acusado de clasista, “y no precisamente a favor de la clase trabajadora”.
David Fernàndez, diputado de la CUP, también ha afeado a CiU su postura ante la desigualdad: “La caridad es clasismo, las políticas de pobreza no pueden ser ni una maratón ni un gordo por Navidad”. Fernàndez ha explicado que la pobreza “está directamente relacionada con la acción política” y es “la violencia estructural del sistema”. Además, el diputado ha lamentado que el debate sobre las dificultades de un tercio de los catalanes se convierta en el debate sobre las dificultades del Govern.
El plan sobre pobreza energética se aplicará todo el año
CiU sí ha aceptado una moratoria en el plan sobre pobreza energética, que podrá pasar de estar hábil los tres meses -enereo, febrero y marzo- a todo el año. ERC y CiU presentarán mañana la ampliación de plazo en una propuesta de resolución conjunta. Esta moratoria era una de las peticiones que varios partidos hicieron en diciembre, cuando se aprobó el plan que impide a las compañías cortar los suministros de agua y luz a las familias sin ingresos.
La Alianza contra la Pobreza Energética, que aglutina a diersas entidades sociales y federaciones de vecinos, aseguró este miércoles que solo 50 personas se habían acogido a este plan hasta la fecha. PSC, Iniciativa y CUP también presentarán una propuesta para instar a la condonación de la deuda por impago de suministros básicos, luz, agua y gas, que no puedan ser asumidas por las familias.