La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí ha solicitado al juez escocés la citación como testigos del expresidente Mariano Rajoy, el actual presidente en funciones Pedro Sánchez en la vista que se celebrará en los próximos meses para decidir su extradición a España. El magistrado ha convocado a las partes a una nueva vista el 23 de enero, en la que decidirá el calendario del juicio y los testigos y las pruebas admitidas.
Tras una vista preparatoria del juicio celebrada este jueves en la corte del Sheriff de Edimburgo, el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha anunciado los testigos que ha propuesto al juez. Además de Rajoy y Sánchez, figuran la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el extitular de Exteriores y actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; el titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
Previsiblemente la vista para decidir la extradición de Ponsatí se celebrará la próxima primavera. La defensa de la exconsellera ha solicitado al juez que el juicio dure seis semanas para incluir a todos sus testigos y pruebas.
Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. Los jueces belgas dejaron en libertad a Puigdemont, Comín y Puig mientras deciden sobre su extradición, al igual que su homólogo escocés hizo con Ponsatí el pasado mes de noviembre.
A Ponsatí el juez Llarena la reclama únicamente por un delito de sedición en base a la sentencia del procés y no por rebelión ni malversación, delitos por los que procesó a la exconsellera en marzo de 2018. La malversación cayó de la nueva euroorden porque la sentencia del procés no ha considerado que el cálculo del alquiler de los colegios para celebrar el 1-O pueda sustentar este delito, tal y como sostenía la Fiscalía.
Según ha explicado la defensa de Ponsatí, la Fiscalía escocesa, que actúa en representación del Supremo en el procedimiento de extradición, reclamará la entrega de la exconsellera a España por traición, el delito que ve equivalente a la sedición en la legislación escocesa. La defensa ha reiterado que se opondrá a la extradición tanto por la falta de equivalencia del delito como por la “persecución política” que, a su juicio, supone la petición de euroorden enviada por el Supremo.