Los 17 procesados por malversación por el 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona han depositado el dinero y las propiedades en aval que faltaban para completar la fianza de 5,8 millones de euros que les impuso la jueza, después de que la secretaria judicial empezara esta semana a bloquearles sus cuentas corrientes.
Según han informado fuentes de las defensas, los procesados por malversación han podido aportar en las últimas horas el dinero y propiedades en aval suficientes para cubrir los 2,1 millones que aún faltaban para completar de la fianza de 5,8 millones exigida por la juez que investiga los preparativos del 1-O.
En concreto, ERC ha aportado 702.000 euros, la Asociación Catalana para los derechos civiles, 100.000 euros, y la Caja de Solidaridad otros 75.000 euros, tras el llamamiento efectuado en las últimas horas por parte de partidos y entidades soberanistas después de que esta semana el juzgado empezara a bloquear las cuentas corrientes de los procesados por malversación.
El resto del dinero pendiente se ha depositado en forma de aval sobre propiedades de algunos de los procesados, lo que ha permitido cubrir la diferencia que aún quedaba para completar los 5,8 millones de euros. La juez impuso una responsabilidad civil de 5,8 millones de euros por los preparativos del referéndum a 17 de los 30 procesados -a los que atribuye un delito de malversación-, entre los que figuran exaltos cargos y técnicos de la Generalitat supuestamente involucrados en la organización del 1-O.
En una primera fase, los procesados depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la Caja de Solidaridad-, al tiempo que recurrieron las fianzas argumentando que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
Sin esperar a que la jueza resolviera los recursos, la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20S en la conselleria de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del “procés”- dictó el pasado martes un decreto para acordar el embargo de las cuentas corrientes de los procesados.
Ante esta situación, los procesados depositaron ayer en el juzgado otros 551.000 euros, recaudados a través de la Caja de Solidaridad, con lo que les faltaban aún por pagar 1,6 millones de la fianza, que finalmente han aportado en las últimas horas, según las defensas. Pese a completar la fianza solicitada, los promotores de la Caja de Solidaridad han hecho un llamamiento para que se siga aportando dinero para poder levantar los embargos