El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont considera que puede convertirse en diputado del Parlamento Europeo pese a la orden de búsqueda y captura que pesa sobre él dentro del territorio español. Y eso que, según la ley española, debe presentarse en persona ante la Junta Electoral para conseguir su acta. Pero el líder independentista tiene intención de dar una dura batalla legal para alcanzar la condición de eurodiputado, incluso cuando esto implicaría aparcar su aspiración de volver a ser investido en el Parlament.
La decisión del líder de JxCat priorizando la cámara de Bruselas en detrimento de la catalana acabaría con varios meses de pugna con el Tribunal Constitucional y, de rebote, con el presidente del Parlament, Roger Torrent. Desde las elecciones de diciembre de 2017, Puigdemont y su grupo nunca han renunciado a sus aspiraciones de ser reinvestido, hasta el punto de que renunció a delegar su voto en el Parlament para no acatar la suspensión decretada por el Supremo. Pero, una vez adquirida el acta de diputado europeo renunciaría a la del Parlament por ser incompatibles y, sin ella, no podría convertirse en president según el Estatut.
Pero, para Puigdemont, no será tan fácil acceder al Parlamento Europeo. Su principal problema legal está en el artículo 224 de la Loreg, que dispone la obligación de que en el plazo de cinco días desde su proclamación los diputados electos se personen ante la Junta Electoral Central, en Madrid, para jurar o prometer la Constitución y conseguir su acta. Algo que, en principio, el líder de JxCat no podría hacer sin ser detenido, pues contra él pesa aún una orden de detención por los delitos que ahora juzga el Supremo.
Sin embargo, los asesores jurídicos del expresident ven dos posibles vías para burlar la justicia española. La primera es litigar contra el artículo 224 de la Loreg ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A su entender, la obligatoriedad de acatar la Constitución es un requisito que impone la ley española pero que podría contravenir las directivas europeas, en concreto el acta de 20 de septiembre de 1976, relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que establece que es la cámara común la que debe velar por que se cumplan los requisitos para ser diputado, y no los estados miembros.
Pero aún hay otro antecedente, mucho más arriesgado, que ha estudiado el equipo jurídico de Puigdemont. Se trataría de emular lo que hizo José María Ruiz-Mateos en 1989, cuando adquirió su condición de eurodiputado presentándose ante un secretario de la Junta Electoral pese a que sobre él pesaba una orden de busca y captura por la agresión que había cometido contra el entonces ministro Miguel Boyer. El Supremo envió un suplicatorio al Parlamento Europeo, que éste acabó concediendo una vez el empresario de Rumasa ya se había convertido en miembro de la alta institución europea.
En aquella ocasión de la que este mayo se cumplirán exactamente 30 años, Ruíz-Mateos hizo prevalecer la inviolabilidad e inmunidad conseguida tras haber sido proclamado diputado europeo para poder recoger su acta sin ser detenido. Por eso algunos de sus asesores sostienen que Puigdemont podría acudir a Madrid a recoger su acta sin miedo a ser detenido o, si pese a eso el Supremo le atrapase, España podría enfrentarse incluso a sanciones europeas, siempre según el entorno del expresident.
Con todo, cabe recordar que Puigdemont ya rompió al inicio de la legislatura su promesa de regresar a Catalunya para ser investido si conseguía la mayoría parlamentaria, evitando así una detención segura. De la misma forma, Puigdemont también podría ahora renunciar al acta de Eurodiputado manteniendo su condición de diputado (suspendido) en el Parlament sin ningún riesgo.