Puigdemont culmina la escisión del PDeCAT y la batalla por la marca Junts queda en manos de la justicia

Incluso los cercanos a Carles Puigdemont tenían dudas de que el expresident acabase atreviéndose a dar el paso que ha dado este lunes. El hoy eurodiputado, militante de Convergència durante más de tres décadas, ha roto el carné de la formación sucesora de aquella, el PDeCAT, y ha consumado la escisión entre la corriente que él lidera y la que apuesta por una retórica más moderada en el terreno independentista. Puigdemont y una docena de caras conocidas de la formación, entre consellers y diputados, han abandonado en tromba el partido para reforzar una opción electoral que quiere presentarse como libre de ataduras con el pasado y con un mensaje unívoco sobre la independencia.

Las dos sensibilidades de lo que un día fue el partido fundado por Jordi Pujol han asumido a lo largo de los últimos meses estivales que defienden proyectos irreconciliables y que deberán enfrentarse en las urnas. A ojos de Puigdemont, el PDeCAT es un lastre electoral, por su posición templada sobre la estrategia independentista y, por si eso fuera poco, también es un partido que podría tener que asumir consecuencias penales, bien por la condena del caso Palau contra Convergència o bien si se acaba dictando otra condena en el caso del 3%.

Mientras tanto, en el seno del PDeCAT, fundado por Artur Mas y dirigido ahora por David Bonvehí, se ha ido imponiendo la idea de que las condiciones que Puigdemont les imponía para integrarlos en su nueva candidatura eran literalmente la disolución, por lo que cualquier cosa merecía la pena antes de llegar allí. Los de Bonvehí han tratado de negociar cuotas en la Ejecutiva y puestos en la lista electoral que desde Waterloo han sido rechazados. La idea de Puigdemont, conocido por tener poco interés en la vida interna de los partidos, es formar un vehículo sin cuotas, familias ni coaliciones. Una marca instrumental, como la que ya empleó en 2017, para hacer una candidatura flexible y que solo responda a su autoridad.

Sin embargo, pese a la ruptura con el PDeCAT, la pretensión de volver a presentarse bajo las siglas de Junts per Catalunya (JxCat) se ha complicado en las últimas semanas y será finalmente la justicia quien acabe dirimiendo si la propiedad de la marca corresponde a Puigdemont. La situación de partida a principios de verano era que el PDeCAT controlaba las siglas de Junts, que habían sido, primero, una coalición entre el PDeCAT y JxCat en las elecciones al Parlament, y después fueron registradas como partido instrumental por militantes que Bonvehí creía controlar.

La importancia de las siglas de Junts per Catalunya no es únicamente de marca sino, sobre todo, de los derechos electorales que podrían llevar aparejados, por haberse presentado en coalición con el PDeCAT a las elecciones del Congreso, obteniendo representación. La maniobra de los partidarios de Puigdemont fue celebrar una asamblea telemática en la primera quincena de julio en la que los militantes cambiaron la dirección del partido JxCat, hasta aquel día sin actividad orgánica, para desatarlo del control del PDeCAT. Posteriormente los afines al expresident formaron una segunda asamblea, esta vez abierta, para acabar de colocar a sus afines en la dirección, comenzando por Jordi Sànchez como secretario general.

El PDeCAT, en plenas negociaciones con Puigdemont, optó por llevar aquella asamblea a los juzgados, al considerar que había sido fraudulenta. Será pues un juzgado de primera instancia de Barcelona el primero que resolverá sobre el caso. La vista está prevista para el próximo 25 de septiembre, y el juez deberá pronunciarse de entrada sobre las cautelares requeridas por el PDeCAT, que reclama que la dirección de Puigdemont no pueda usar el nombre de Junts hasta que se resuelva sobre el fono de la cuestión, lo que muy probablemente no sea hasta después de las próximas elecciones.

Si el expresident supera este primer embate y consigue mantener el control sobre la marca, aún tendrá que volver a pasar otra prueba de fuego ante la Junta Electoral, una instancia que en los últimos comicios se ha convertido en algo así como su archienemiga. Sin embargo el tribunal electoral deberá conceder o no a Junts la categoría de “grupo político significativo”, lo que le permitiría acceder a financiación, espacios electorales y pase a los debates.

Desbandada de cargos en todos los niveles

El anuncio del fin de la militancia del expresident catalán en el PDeCAT ha generado un deslave en el partido. Tras Puigdemont, en cascada, una docena de primeras espadas de la formación de Bonvehí pero alineados desde hace tiempo con JxCat han anunciado su baja. Entre otros lo han hecho los actuales consellers Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró o Mertixell Budó, y también los exconsellers en prisión Jordi Turull, Jordi Rull y Joaquim Forn. También el exconseller de Cultura que acompaña a Puigdemont en Bélgica, Lluís Puig. Otra de las salidas ha sido la de Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT aunque considerada cuota de Puigdemont en la formación.

Pero la desbandada de los cargos no solo ha llegado desde la cúpula. En los cargos intermedios el expresident ha conseguido arrastrar a varios diputados, tanto del Parlament como del Congreso, y también a los 5 senadores que tenía la formación. En el Parlament, el portavoz del grupo, Albert Batet, ha anunciado su salida del que fue la casa común de los posconvergentes, y deja al PDeCAT solo con dos diputados en la cámara catalana, Marc Solsona y Lluís Font. Más fieles conserva Bonvehí en el Congreso, donde puede seguir contando con Ferran Bel, Genís Boadella o Sergi Miquel.

No menos revueltas han quedado las cosas en el ámbito local. Antes de la salida de Puigdemont, este domingo, un grupo de unos cuarenta concejales del PDeCAT en municipios de Barcelona anunció que pasaban a estar adscritos únicamente a JxCat, con un escrito en el que cargaban contra la dirección de Bonvehí por considerar que había desoído a la militancia. Finalmente Junts ha conseguido controlar varias alcaldías de cabeceras de comarca, como la de Girona, Vic, Ripoll u Olot. Sin embargo, fieles al PDeCAT permanecen en las de mayor tamaño, Reus, Villafranca del Penedés, Igualada, Martorell, Mollerussa o Tortosa.