La idea de que una declaración de independencia formal rompería el enorme bloque social construido entre los días 20 de septiembre –cuando se detuvo a los cargos de la Generalitat– y 3 de octubre –con las manifestaciones masivas contra la actuación policial del 1-O– ha acabado imponiéndose en el Govern. Era el mensaje que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sostenía, y el que finalmente triunfó en el Palau de la Generalitat.
Este martes, Carles Puigdemont ha preferido tender la mano al espacio de los Comuns que al de la CUP, llevando ante el Parlament los resultados del referéndum y comprometiéndose a iniciar el camino hacia la independencia, pero suspendiéndola de forma inmediata a la búsqueda de mediación internacional y un acuerdo con el Estado. En la formación anticapitalista se ha intentado endurecer el discurso presidencial hasta el último minuto, motivo del retraso de más de una hora del inicio del pleno, aunque sin éxito.
A un lado de la plaza de Sant Jaume, donde está emplazado el Ayuntamiento de Barcelona, se ha recibido con alegría el discurso salido del Palau, situado en el otro lado. La comunicación entre ambas instituciones en un tema tan medular para Catalunya ha vuelto a funcionar como no lo hacía entre formaciones rivales desde la época de los grandes consensos de Convergència y el PSC.
El partido de Iceta también ha visto el paso de Puigdemont como un resquicio para el diálogo, algo subrayado por el segundo teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, o por la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín. El PSOE, en cambio, ha sospechado que Puigdemont busca “abusar de la buena fe” de los que piden diálogo, en palabras del secretario de organización del partido, José Luis Ábalos.
Los contactos entre el Govern y los Comuns han sido casi diarios en la recta final hacia el referéndum, y también posteriormente. El clima de entendimiento comenzó cuando la alcaldesa anunció un acuerdo para abrir los colegios de la capital, y se convirtió en luna de miel entre ambos espacios cuando Podemos celebró una asamblea de electos en Zaragoza para apoyar el derecho a decidir. La Generalitat entendió aquel gesto como una mano tendida, la única que llegaba de Madrid.
El lema “ni DUI ni 155” ha acabado siendo el resumen de la posición de los partidarios de la alcaldesa, al que el Govern ha correspondido este martes. “Es evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia”, ha asegurado Pablo Iglesias en el Congreso. Al entender de los morados, Puigdemont ha cumplido su parte.
Lo que queda, por tanto, es conocer la respuesta del Gobierno de Rajoy. La opción de aplicar el artículo 155 para suspender la autonomía catalana, que se daba por hecha en la semana posterior al referéndum, había sido enfriada por el entorno del Ejecutivo español. Sin embargo, este martes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado un consejo de ministros extraordinario para el miércoles, asegurando en tono grave que tomarán “medidas” contra lo hecho por los independentistas.
Una reacción así del Estado es exactamente lo que el independentismo espera para volver a cohesionar al amplio bloque social con el que Colau ha seducido a Puigdemont, muy superior a los dos millones de votos por el 'sí' del 1-O.
Si la supresión de la autonomía se activa formalmente, lo más probable es que las manifestaciones que llenaron cientos de plazas hace exactamente una semana vuelvan a producirse. El Gobierno de Rajoy, sin embargo, ha sabido hasta ahora aplicar importantes reducciones de la autonomía, como su intervención económica total, sin aspavientos.
Más allá de la reacción de Rajoy, la cuestión interna en Catalunya es qué pretende hacer la alianza Puigdemont-Colau con el capital político que creen tan importante no malgastar. Hasta ahora los acuerdos del gran espacio del soberanismo se han llamado Pacte pel Dret a Decidir, Pacte Nacional pel Referèndum o referéndum del 80%, en alusión a la mayoría de catalanes que desean una consulta pactada sobre la independencia.
Pero estos consensos se han deshilachado cada vez que el independentismo ha dado un paso más allá, ya que la unilateralidad no entra en los planes de los Comuns. Nada indica que esta vez sea diferente. El amplio bloque soberanista necesitará buscar un mínimo común que le permita avanzar que hasta ahora nunca ha encontrado.
Mientras esto no ocurra, el Govern se encuentra ante el mismo bloqueo que lo ha acompañado durante toda la legislatura. Solo que ahora con las instituciones catalanas mucho más erosionadas tras las acometidas de Rajoy al autogobierno, la espada judicial pendiendo sobre la mayor parte de sus cargos y, en el horizonte, un escenario de ingobernabilidad después de que la CUP haya anunciado su más que probable salida del Parlament si no se da validez jurídica al documento que declarara la independencia.