Ofensiva del eurodiputado de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont ante el Tribunal Supremo. El expresident ha reclamado al magistrado Pablo Llarena que retire el suplicatorio enviado al Parlamento Europeo para levantarle la inmunidad y ha pedido al juez que se aparte de la causa del procés que investiga contra él desde 2017 y la derive a los juzgados de Barcelona. Además, Puigdemont ha reiterado la solicitud para que Llarena anule la euroorden a Bélgica y archive el caso.
La principal novedad de la petición del expresident radica en su recién estrenada condición de eurodiputado. Al ser el escaño europeo incompatible con el del Parlament, Puigdemont y el exconseller de Salut Toni Comín renunciaron a su acta de diputado autonómico esta semana. El expresident indica que una vez ha dejado su escaño del Parlament y ha pasado a ser eurodiputado ya no es aforado ante el Tribunal Supremo como diputado en la Cámara autonómica, por lo que el juez competente para investigarle es un juez de instrucción de la capital catalana.
La cuestión de quién es el juez competente para investigar el procés ha suscitado controversia entre el Tribunal Supremo y las defensas de los líderes independentistas desde que el juez Llarena asumiera el caso en 2017. Todas las defensas vienen argumentando que el tribunal competente para investigar el procés era el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque los hechos ocurrieron en Catalunya y los investigados eran diputados del Parlament, algo que siempre ha rechazado el Supremo. Pero ahora, al no ser ya diputado autonómico, Puigdemont pide que la causa pase a los juzgados de Barcelona.
“Ningún precepto legal dispone que los diputados al Parlamento Europeo sean aforados ni ante el Tribunal Supremo ni ante cualquier otro órgano jurisdiccional”, indica la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, en un recurso presentado este miércoles en contra del auto de Llarena del pasado viernes por el que el instructor mantuvo las euroórdenes y pidió a la Eurocámara suspender la inmunidad de Puigdemont y Comín.
La defensa advierte además de que si Llarena sigue instruyendo la causa se vulnerará el derecho al juez predeterminado por ley y a la doble instancia penal. Al no ser Llarena el juez competente para investigarle, Puigdemont entiende que el magistrado tampoco podía pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo. De ahí que el expresident pida al instructor que informe a la Eurocámara de esta circunstancia.
Si no lo hace, alerta la defensa, Llarena “estaría induciendo, indebidamente, al Parlamento Europeo a una confusión haciéndole creer que la remisión [del suplicatorio] ha sido realizada por una autoridad competente para ello, vulnerando con ello el principio de cooperación leal que impone el Derecho de la Unión Europea”. La defensa ya avanza en su escrito que si Llarena no informa al Europarlamento será Puigdemont quién lo haga, y que la Cámara “tendrá que pronunciarse al respecto”.
Es más, la defensa de Puigdemont sostiene que el Supremo no tramitó por la vía correcta el suplicatorio, ya que lo hizo mediante una comunicación al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, del presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, cuando se debería de haber cursado, a criterio de la defensa, mediante el Embajador Representante Permanente de España ante la UE del Ministerio de Justicia. Y le recuerda al Supremo que “no es necesario” que envíe una traducción del suplicatorio al inglés, tal y como prometió el magistrado Manuel Marchena, porque el español es una de las 24 lenguas oficiales de la Eurocámara.
El Supremo, un “Consejo de Guardianes”
La defensa de Puigdemont enmarca la emisión del suplicatorio por parte de Llarena en un nuevo intento del Supremo de “apartar ilegalmente” al expresident de cualquier cargo de representación política. “Se ha pretendido erigir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un verdadero Consejo de Guardianes para determinar, sin necesidad siquiera de enjuiciamiento previo, quién tiene derecho a resultar electo o a ejercer cargos de representación política”, apostilla el escrito.
Respecto a la euroorden que Llarena mantuvo –suspendiendo los plazos para que se ejecutara– pese a reconocer que Puigdemont y Comín tenían inmunidad, la defensa del expresident reclama que lo correcto es retirar la petición de extradición. Argumenta la defensa que Llarena envió la euroorden el 14 de octubre, algo que resulta “absolutamente incompatible” con la inmunidad que Puigdemont ya tenía en esa fecha.
En cualquier caso, la defensa añade que si el juez tiene “alguna duda” sobre sus peticiones, proceda a enviar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su competencia para continuar la investigación contra un eurodiputado y emitir un suplicatorio, así como sobre la retirada de la euroorden.