Los nueve líderes independentistas recibieron 2.300 visitas de autoridades en las cárceles catalanas durante permanecieron los seis últimos meses del año 2018 en prisión preventiva antes del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Así lo ha desvelado el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en una comparecencia en el Parlament para presentar la memoria de la Fiscalía del año 2018.
El cálculo que arroja la cifra proporcionada por Bañeres supone que cada preso recibió la visita de al menos una autoridad al día entre julio y diciembre de 2018. Bañeres ha tildado de “llamativa” la cifra. Tal y como adelantó este diario, entre las autoridades que visitaron de forma discreta a los presos del procés en las cárceles de Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona) figuraron la exministra socialista Leire Pajín. Otras autoridades, como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la cúpula de los 'comuns' o dirigentes independentistas también acudieron a la prisión y lo publicitaron.
Además de la cifra revelada por Bañeres, la comparecencia del jefe de la Fiscalía en Catalunya ha estado presidida por las críticas de los grupos independentistas a la oposición del Ministerio Público a las salidas de prisión de los presos del procés para trabaja o realizar labores de voluntariado. Bañeres ha negado el “sesgo ideológico” del que le han acusado los independentistas y que se busque la renuncia de los presos del procés a su “credo, ideología o posición política”.
Bañeres ha defendido el fiscal “no tiene otra misión que actuar conforme a como actuaría como cualquier otro interno”. Ha detallado que para poder obtener beneficios penitenciarios se debe aceptar que se ha cometido el delito y que no se reincidirá (criterio que no comparte la magistrada que ha autorizado los permisos en contra de la posición de la Fiscalía).
El fiscal superior ha incidido en que “no es frecuente en penas largas privativas de libertad propiciar estos permisos a tan pronto cumplimiento de la pena”, en referencia a que los presos del procés, condenados a penas de nueve a trece años de prisión, ya han empezado a disfrutar de permisos y de salidas de prisión cuando solo han cumplido alrededor de un cuarto de la pena. “Si la Generalitat ve rehabilitados a los presos debió darles el tercer grado”, ha apostillado.
Durante su exposición, el fiscal ha explicado, respondiendo a la diputada de Ciudadanos Munia Fernández-Jordán, que en el último gran concurso de traslados han salido de Catalunya 50 fiscales. En concreto, 23 de ellos procedentes de Barcelona, diez de Tarragona, cinco de Mataró (Barcelona), cuatro de Sabadell (Barcelona), tres de Girona, tres de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), uno de Granollers (Barcelona) y uno de Terrassa (Barcelona).
Sobre los motivos, ha admitido que una causa posible es el contexto de “turbulencias” vinculadas a la situación política, pero ha dicho que puede haber otros como el origen de los fiscales, factores económicos y la convivencia con otra lengua, entre otros.