Seis años de cárcel para Artur Mas, Joana Ortega e Irena Rigau por la consulta soberanista del noviembre de 2014. Esta es la pena que ha solicitado este lunes la acusación popular de la causa del 9-N, liderada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía y en la que también participa el sindicato ultra Manos Limpias. La prisión que ha pedido la acusación popular contrasta con la pena de 10 años de inhabilitación para el expresident y nueve para las exconselleres que solicitó la Fiscalía.
La diferencia de criterio entre ambas acusaciones es que la popular considera que Mas, Rigau y Ortega cometieron un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de prevaricación y desobediencia. En concreto, en el escrito de acusación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) los sindicatos policiales acusan a Mas de haber malversado 4,7 millones de euros de dinero público para organizar la consulta. Además de la pena de prisión, la acusación popular ha solicitado 22 años de inhablitación para el expresident.
Por contra, la Fiscalía y el juez instructor del TSJC limitan la causa a los delitos de prevaricación y desobediencia. Por su lado, los tres encausados han rechazado siempre haber desobedecido la orden del Constitucional para parar los preparativos de la consulta del 9-N y han llegado a acusar al TSJC “precomprensión” de los hechos que evidencia un “determinado sesgo cognitivo” al no dar crédito a su tesis de defensa.
El objetivo de los sindicatos policiales y de Manos Limpias, según señala la agencia Efe citando a fuentes jurídicas, es que se amplíen los delitos imputables a los tres acusados, de forma que el juez del TSJC añada el de malversación cuando, tras recibir los escritos de acusación y defensa, dicte el auto de apertura de juicio oral que debe delimitar los hechos a enjuiciar.