El soberanismo insiste en el referéndum pactado mientras Rajoy exhibe un plan para impedirlo
El soberanismo continúa haciendo piña en torno a la única idea que por el momento genera consenso en todas sus sensibilidades: el referéndum pactado con el Estado. Este miércoles se ha celebrado la segunda cumbre de todos los actores que dan apoyo al Pacte Nacional pel Referèndum, en la que se ha aprobado un manifiesto que apuesta por la votación acordada como única vía.
El objetivo de la alianza soberanista, que integra a formaciones con opiniones diversas, es unir fuerzas y sumar apoyos por el referéndum, en genérico. En el redactado del manifiesto no se va más allá de la petición activa de un referéndum al Gobierno, sin que apenas se puedan detectar expresiones que avanzarían un eventual apoyo al referéndum unilateral.
“Nuestra voluntad es un referéndum legal. Si el Gobierno de España no acepta que se haga este referéndum es porque no quiere, no porque no pueda”, ha resumido el portavoz del Pacte, Joan Ignasi Elena. El Pacte se propone además mantener reuniones con diferentes entidades e, incluso, solicitar una con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No contempla, al menos todavía, hacer la misma petición a las instituciones europeas.
El lenguaje del Pacte Nacional contrasta con el que usa el Govern de la Generalitat, que habla sin ambages de un referéndum no acordado bajo el axioma “referéndum o referéndum”. Precisamente este miércoles, mientras en Barcelona el soberanismo se proponía un pacto con el Estado, Moncloa exhibía un detallado plan para evitar el referéndum unilateral.
Desde la Presidencia del Gobierno se ha explicado que ya hay una estrategia definida, con diferentes escenarios y un conjunto de medidas, para impedir el referéndum que promete Puigdemont. Entre ellas se encuentran precintar los colegios catalanes e, incluso, tomar el control del departamento de Enseñanza. Para esto último el Ejecutivo de Rajoy podría recurrir al conocido artículo 155 de la Constitución, aunque también a la ley de Seguridad Nacional, que permite al Gobierno intervenir todos los medios humanos o materiales de todas las administraciones.
Al paso de estas revelaciones ha salido Puigdemont en Twitter, asegurando que “la democracia no se puede precintar ni permitiremos que se precinte”. Fuentes de la Generalitat observan en este plan el fin de la llamada “operación diálogo” y un cambio de actitud por parte de la Moncloa, y citan como ejemplo que hayan aplazado la reunión bilateral entre Rajoy y Puigdemont. El enfriamiento de las relaciones entre gobiernos, junto al calendario de juicios contra políticos por su participación en el 9-N y la espada de la inhabilitación pendiendo sobre la cabeza de Carme Forcadell, impulsan al Govern para alimentar la idea de anticipar el referéndum a una fecha más cercana que el próximo septiembre.
Mientras todo esto ocurre, el Pacte Nacional pel Referèndum insiste en la vía pactada y esquiva posicionarse sobre “otros legítimos planteamientos políticos o partidarios”, con el objetivo de mantener la unidad soberanista. De hecho, en la reunión de este miércoles, varios han sido los agentes que han reclamado claridad respecto a la hoja de ruta. La alcaldesa Ada Colau se ha mostrado contraria al globo sonda lanzado por el Govern cuando ha pedido “no precipitar el referéndum” y ha querido dejar claro que lo que está suscribiendo es un referéndum acordado.
