Nuevo punto al marcador de las eléctricas en la larga guerra que mantienen contra diferentes administraciones catalanas a cuenta de la ley contra la pobreza energética. Este jueves el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado a petición de Endesa el anuncio de licitación y el pliego de condiciones del contrato energético del Ayuntamiento de Barcelona, al entender que incluía obligaciones en materia de pobreza energética contrarias a la legalidad.
Según la resolución, a la que ha tenido acceso este medio, el tribunal considera que la cláusula de beneficio social introducida por el consistorio no tiene vinculación directa con el objeto del contrato, que es dar suministro eléctrico al ayuntamiento. Por tanto, consideran esta cláusula contraria a la ley de contratos públicos y a la directiva europea en esta materia. El tribunal, que ya había paralizado cautelarmente el contrato, agota con esta resolución la vía administrativa, pero el ayuntamiento puede recurrir por vía judicial.
El contrato, de 65 millones de euros, establecía en una de sus cláusulas que las compañías que lo ganaran debían firmar un convenio con el ayuntamiento por el que se hacían responsables del 50% de la factura de la pobreza energética en la ciudad de Barcelona, en virtud de la ley 24/2015. Tanto Endesa como Gas Natural rechazaron entonces presentarse al concurso, y lo recurrieron ante el órgano administrativo competente.
Las eléctricas consideraban que esta cláusula era poco clara y que imponía obligaciones que están fuera de la ley. La 24/2015, según su interpretación en el Consejo de Estado, establece la obligatoriedad de firmar convenios para las administraciones, pero no así para las empresas. De hecho, las compañías se han negado reiteradamente a firmar estos convenios, que les harían pagar una parte de la bolsa que la Generalitat pone a disposición de los ayuntamientos para hacer frente a los casos de impago de suministros por situación de vulnerabilidad.
La vía iniciada por el Ayuntamiento de Colau establecía un nuevo pulso contra las eléctricas, al buscar una forma alternativa de obligarles a firmar los convenios y corresponsabilizarse contra la pobreza energética. Esta vía, sin embargo, ha sido abortada por la resolución 44/2017 del Tribunal de Contratos, que da la razón a Endesa.
Agotada la vía administrativa, desde el consistorio barcelonés se asegura estar estudiando el documento para dar una respuesta, que anunciarán en los próximos días. También por parte de Endesa se informa de que se hallan estudiando la resolución para conocer el alcance de la misma.