Los pactos no siempre salen bien, tal y como ha podido comprobar Oriol Pujol Ferrusola este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el acuerdo que el hijo del expresident de la Generalitat alcanzó con la Fiscalía por el que reconoció su papel en la trama corrupta de las ITV y ha confirmado la decisión de la magistrada presidenta del jurado de enviarle a juicio.
Lo que ha dirimido el TSJC es una cuestión procesal, que puede parecer aburrida pero resulta trascendental para el horizonte penal que afrontan los implicados en la trama de las ITV. El pacto entre la Fiscalía, Pujol Ferrusola y su mujer Anna Vidal no fue suscrito por todos los imputados del caso. El exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous y el empresario Sergio Alsina –amigo íntimo de Oriol Pujol– lo rechazaron y lo recurrieron al entender que vulneraba su derecho a la defensa. Argumentaron además que las conformidades parciales como la del caso ITV no se podían aplicar a las personas físicas.
La magistrada presidenta del jurado popular de la Audiencia de Barcelona dio la razón a Tous y Alsina. “Al no haber mostrado su conformidad los seis acusados, el juicio debe continuar para todos ellos”, resolvió la jueza. La Fiscalía, Pujol Ferrusola y los otros cuatro acusados que pactaron recurrieron al TSJC. El alto tribunal catalán rechaza sus recursos y confirma la decisión de la jueza. Y ya no se puede recurrir.
En un auto, tres magistrados de la sala civil y penal del TSJC, entre ellos su presidente, Jesús María Barrientos, han acordado por unanimidad desestimar los recursos del ministerio público y las defensas. Tras citar abundante jurisprudencia, los magistrados concluyen que el pacto parcial en las ITV no es válido porque “quiebra las exigencias procesales”, que hacen “especial hincapié en la necesaria unanimidad” de todos los acusados para lograr una conformidad que les evite el juicio. En otras palabras: si no pactan todos los acusados, todos tienen que sentarse en el banquillo.
Matizan los magistrados que nada impide a los acusados, una vez denegada la posibilidad de conformidad parcial, reconocer y confesar los hechos durante la vista oral.
El juicio, que se celebrará mediante la fórmula del jurado popular, todavía no tiene fecha. La situación será cuanto menos particular: el jurado que le juzgará ya sabe que Pujol Ferrusola reconoció los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, pues así lo admitió él mismo en su acuerdo con Anticorrupción.
El hijo del expresident Jordi Pujol, que también está imputado en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra, admitió que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas.
El propio Pujol reconoció que usó su influencia política para favorecer a determinados empresarios del sector de las ITV y cobró estos servicios a través de su mujer. Pujol Ferrusola aceptó dos años y medio de cárcel, que podrían suponer su ingreso en prisión, por las comisiones del caso ITV. A cambio, su esposa, Anna Vidal, se salvaba de entrar en prisión.
Según el auto que les envió a juicio, Vidal cobró un total de 381.450,40 euros entre 2010 y 2012 mediante la simulación de facturas de trabajos para empresarios de las ITV, que en realidad eran retribuciones a la “inestimable colaboración prestada” por Pujol Ferrusola para conseguir los contratos de las estaciones de vehículos.