La defensa de Unió ha pedido este viernes a la Audiencia –en el arranque del juicio al partido catalán– que la exculpe del desvío de fondos de su fundación afín Catalunya i Territori, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla como responsable civil porque esos pagos irregulares no afectarían a los intereses económicos generales.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el juicio contra tres responsables de la Fundació Catalunya i Territori que afrontan penas de hasta quince años de cárcel acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que presuntamente desviaron a UDC más de 200.000 euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío de fondos y le reclama que devuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación democristiana –actualmente en concurso de acreedores– todavía no ha abonado.
Sin embargo, en las cuestiones previas que este viernes han expuesto las partes ante el tribunal, el letrado de Unió ha pedido a la sala que lo exculpe del desvío, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín, que sería la presuntamente perjudicada, nunca denunció al partido por esos hechos.
Para el abogado de Unió, Joan Segarra, el hecho de que la Fundació Catalunya i Territori pagara servicios y alquileres de los que se benefició Unió “no afecta a los intereses económicos generales”, lo que a su parecer impide a la Fiscalía ejercer la acusación por esos hechos.
La Fiscalía ha rechazado la tesis planteada por Unió y, tras recordar que la imputación del partido fue “bendecida” por un auto de la Audiencia de Barcelona, ha insistido en que la Fundació no es una entidad privada y que en sus propios estatutos reconoce que tiene fines generales, como “el equilibrio territorial y el fomento del sentimiento de nación y de la cultura nacional catalana”.
El ministerio público, además, ha aducido que la Fundació Catalunya i Territori se nutre con aportaciones de donantes particulares que, de esa forma, obtienen beneficios fiscales, lo que en definitiva “acaba repercutiendo en el erario público” y justifica el interés económico general del presunto desvío.