La ley de amnistía tiene efectos incluso antes de su entrada en vigor. El juzgado de lo penal 2 de Girona ha suspendido el juicio contra cuatro independentistas acusados de desórdenes públicos, previsto para los próximos 12 y 13 de diciembre, al concluir que los altercados estarían amnistiados, lo que haría “inútil” la celebración de la vista oral. Se trata del primer juicio que se pospone por la norma.
Así consta en una diligencia de la Letrada de Administración de Justicia (LAJ) del juzgado gerundense, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El juzgado estima la petición de suspensión en base a la ley de amnistía que había efectuado la defensa del manifestante, que ejercen los penalistas Benet Salellas y Montserrat Vinyets, y que contaba con el rechazo de la Fiscalía pero con el apoyo de la otra acusación del caso, la Abogacía del Estado.
El juicio versaba sobre los incidentes ocurridos en la estación del AVE de Girona en 2018 en una protesta independentista. La defensa había solicitado al juzgado suspender la vista por la ley de amnistía. La Fiscalía se había opuesto al no estar la ley aprobada, mientras la Abogacía del Estado, que representa a Adif y a Renfe, había apoyado la petición de la defensa por “economía procesal” y para “aligerar la tramitación del proceso.
La ley de amnistía es el guante que recoge la LAJ para no celebrar un juicio previsto durante dos días, que según la funcionaria tendría un alto coste para el juzgado dado el “gran volumen” de testigos que deben acudir a Girona desde otros puntos de España.
Otro de los testigos “esenciales” para el fiscal no se ha localizado, agrega la LAJ, mientras que otro mosso d'esquadra se encuentra de baja de larga duración. Las acusaciones piden hasta cuatro años de cárcel para los independentistas.
Pese a que la ley de amnistía no se halla en vigor, su actual redactado recoge como amnistiable la protesta que iba a ser juzgada, lo que, de aprobarse la ley, “habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal”, aduce la LAJ.
La funcionaria entiende como “más juicioso” posponer la vista casi un año (se ha fijado de nuevo para el 11 y 12 de noviembre de 2024) , lo que, a su juicio, otorga “un margen temporal suficiente para clarificar” si la ley de amnistía finalmente se aprueba.
El aplazamiento de casi un año del juicio es suficiente para que la norma, que ya ha empezado su tramitación en el Congreso, entre en vigor. La cámara tardarán como mínimo unos dos semanas, aunque se acorten al máximo los plazos, en validar la ley. Cabe contar también con las trabas parlamentarias anunciadas por el PP durante el trámite en el Senado. donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta.
La Cámara Alta tiene exactamente dos meses si quiere rechazar y devolver el texto legal al Congreso, pero hay que tener en cuenta que en ambos hemiciclos el mes de enero no cuenta como hábil, lo que probablemente puede acabar retrasando los plazos.
Para saltarse el veto del Senado, el Congreso solo tiene que volver a aprobar la ley por mayoría, cosa que puede hacer tan rápido como desee una vez le sea devuelto el texto. De esta forma, la mayoría absoluta del PP en el Senado no puede impedir la aprobación de la amnistía, pero sí dilatar su entrada en vigor hasta bien entrado 2024.
O incluso más, si prospera una reforma del reglamento del Senado que pretende el PP para torpedear la tramitación de la amnistía. Lo que sí deja claro el texto registrado de la norma es que, una vez aprobada, los tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Después cada juez puede decidir si plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.