La Audiencia Provincial de Lleida ha archivado el caso de los profesores de la Seu d'Urgell (Lleida) acusados de un delito de incitación al odio contra un alumno hijo de guardia civil. Después de exculpar en marzo a seis de los ocho docentes investigados, los magistrados han optado por dar carpetazo a la causa al no ver indicios de delito.
El juez de la Seu d'Urgell recibió en los días posteriores al 1-O distintas denuncias por parte de algunos padres de alumnos, que acusaban a docentes de un centro educativo de la localidad de realizar comentarios en contra el Instituto Armado. Aseguraban que los profesores habían incitado a los demás alumnos a intimidar y humillar a un estudiante hijo de un agente de la Guardia Civil.
Las pesquisas policiales acabaron ampliando el foco finalmente a otros dos colegios. Pero la resolución de la Audiencia es clara a la hora de dictaminar que los hechos denunciados no pueden ser considerados como incitación al odio, entendido este delito como el fomento de la “hostilidad, discriminación o violencia” contra personas o grupos por motivos de etnia, ideología, raza o origen nacional.
Los jueces recogen además que, de acuerdo con los informes llevados a cabo por los inspectores del Departamento de Enseñanza, el clima en el aula es “correcto” y sin “incidentes destacables”, y remarcan que los alumnos que supuestamente tienen conflictos “interactúan con normalidad, constatando que la convivencia es correcta”. Incluso acuden a clase “contentos”, sentencian.
El escrito establece que no se ha podido demostrar que las manifestaciones denunciadas tuvieran lugar, y aun si se hubiera dado el caso, añade que podrían ser consideradas “inadecuadas, inapropiadas, fuera de lugar o imprudentemente vertidas”, teniendo en cuenta que se trata de un colegio y de menores de edad, pero no “constitutivas del delito”.
Además del de La Seu d'Ugrell, el otro caso judicializado por supuesta incitación al odio en un centro educativo es el del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. El juzgado de instrucción 7 de Martorell decidió en mayo archivar la causa para cinco de los nueve investigados. Ese fue el instituto en el que se dio a conocer la identidad de los docentes y amaneció al cabo de unos días con pintadas amenazantes.
La situación de los profesores acusados de adoctrinamiento y mala praxis en días posteriores al 1-O es una de las cuestiones que deberá abordar el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, que ya anunció que defenderá al colectivo tal como le piden los sindicatos. “Excelente noticia (aunque la causa nunca debería haberse iniciado)”, ha valorado el conseller en Twitter.
Al margen de los casos en manos de la justicia, las denuncias registradas por el Ministerio de Educación y reenviadas a la Generalitat no se han traducido por ahora en ningún expediente sancionador.