Carles Puigdemont y Toni Comín no viajarán al pleno de la Eurocámara que empieza este lunes en Estrasburgo (Francia). Así lo ha comunicado este lunes el expresident de la Generalitat en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha cargado contra el Parlamento Europeo por, a su juicio, no garantizarle la libertad y evitar una eventual detención y el inicio de otro proceso de extradición desde el país galo.
El expresident de la Generalitat perdió el pasado miércoles la inmunidad en virtud de una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea muy contraria a sus intereses. La resolución dejó a Puigdemont sin el privilegio de no poder ser detenido en todos los países de la Unión Europea, pero no dejó claro si esa pérdida también afectaba a los viajes para poder ejercer como eurodiputado en la sede del legislativo europeo en Estrasburgo.
Según Puigdemont, tras sus consultas a los servicios de la Eurocámara, el Parlamento Europeo “no garantiza que llegado el caso no se use la ambigüedad de la sentencia para practicar una detención” que, como ocurrió hace unos meses en Cerdeña, comportaría, a juicio del expresident, la reactivación de su proceso de extradición, ahora desde Francia. Con todo, cabe recordar que el juez Pablo Llarena todavía no ha emitido nuevas euroórdenes contra los políticos independentistas tras la sentencia del TGUE.
Francia es precisamente uno de los países que el expresident siempre ha evitado en sus años fuera de España tras el fracaso del procés por la colaboración fluida entre las autoridades galas y españolas. Sería uno de los países que menos trabas pondrían a su extradición.
Perdida la inmunidad, el expresident, a la espera de que vuelva a ser reclamado por el juez Llarena, prioriza minimizar riesgos, por lo que ha optado por quedarse en Bélgica. Será el país desde donde, a priori, afronte un nuevo proceso judicial sobre su extradición a España, que confía en poder ganar pese a que la Justicia europea ha reducido (que no eliminado) el margen de los jueces belgas para cuestionar al Tribunal Supremo español, uno de los puntales de la defensa de Puigdemont para evitar su entrega.
La sentencia del pasado miércoles eliminó la inmunidad de Puigdemont en todos los países de la UE. Pero no despejó del todo las dudas sobre si el eurodiputado también conservaba el privilegio de la denominada “inmunidad de desplazamiento”, esto es, el seguro de que no será nunca detenido mientras acuda y vuelva de su trabajo como europarlamentario en las sedes de Bruselas y Estrasburgo o las misiones como diputado europeo.
Puigdemont mantiene que sí conserva la inmunidad de desplazamiento porque la que eliminó el suplicatorio tramitado en la Eurocámara y confirmó el TGUE fue el privilegio de no ser detenido en todos los países de la UE. Pero al no recibir, en su opinión, un aval del Parlamento Europeo a que no será arrestado en Francia, ha optado por no viajar a Estrasburgo.
El expresident no se ha ahorrado críticas a la institución a la que pertenece. “Esperábamos una respuesta asertiva del Parlamento sobre nuestra inmunidad de desplazamiento, pero todo lo que hemos recibido es que llegado el caso 'tomará todas las medidas disponibles para defender cualquiera de las inmunidades a que puedan tener derecho en ese momento'”, ha aseverado Puigdemont, una respuesta que ha calificado de “más ambigüedad”.
“Excepto que el Parlamento nos comunique de forma clara que la inmunidad de desplazamiento queda garantizada, el conseller Toni Comín y yo no viajaremos a Estrasburgo, contrariamente a la que era nuestra intención y nuestro deber”, ha ahondado Puigdemont.
El eurodiputado de Junts ha avanzado que seguirá pidiendo al Europarlamento “una respuesta clara” sobre su inmunidad de desplazamiento “no por la afectación personal que pueda tener sino porque afecta a un derecho fundamental que ningún Parlamento del mundo democrático tendría que discutir”.
Cabe recordar, no obstante, que la sentencia del TGUE rechazó, como alegaba el expresident, que la inmunidad fuera un derecho fundamental, pues según el tribunal está vinculada al “interés del Parlamento” para su buen funcionamiento y no a un derecho personal de sus miembros.