El tablero judicial del caso Puigdemont vivió una sacudida el pasado 26 de noviembre. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) descartó devolver la inmunidad total al expresident y a los eurodiputados de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí, pero a la vez dejó escrito que la causa del procés que sigue el Tribunal Supremo contra los políticos de Junts desde 2017 está en suspenso. La maraña de procesos judiciales europeos está lejos de despejarse por completo, pero el auto del TGUE y sus efectos en España son la antesala de un capítulo importante en la batalla entre Puigdemont y el Tribunal Supremo.
Fuentes de la defensa del expresident mantienen que la resolución del TGUE da “muchas más opciones” de volver a los eurodiputados catalanes. El motivo: el tribunal europeo da por congeladas no solo las peticiones de extradición a Bélgica –suspendidas hasta que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial cursada por el juez Pablo Llarena– sino el conjunto de la causa del procés.
“Las autoridades nacionales [en este caso, el Supremo] deben tener en cuenta la suspensión del procedimiento penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los eurodiputados”, resolvió el tribunal. Con todo, el TGUE no mencionó de forma explícita las órdenes de detención nacional. ¿La suspensión de la causa y de las extradiciones engloba también las órdenes de arresto en España? Así lo cree la defensa del expresident, pero fuentes del Supremo opinan lo contrario: si Puigdemont pisa España, será detenido.
A la espera de que el juez Llarena se pronuncie, el alcance de la suspensión de la causa del procés no es asunto menor. Basta recordar el único precedente de cuestión prejudicial en el caso, la formulada por la Sala de lo Penal del Supremo respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras cuando el líder de ERC salió escogido eurodiputado en las municipales de mayo de 2019.
El Supremo envió la cuestión prejudicial al TJUE en julio, cuando el juicio del procés estaba visto para sentencia, que se publicó en octubre, con la pregunta pendiente de respuesta. La contestación del TJUE no llegó hasta diciembre y de nada sirvió que reconociera la inmunidad de Junqueras, pues el líder de ERC ya había sido condenado a 13 años de cárcel. La defensa de Junqueras se quejó porque, a su entender, el envío de una cuestión prejudicial obligaba a suspender toda la causa, incluido el dictado de la sentencia. Pero el Supremo alegó que la cuestión prejudicial se había tramitado en la pieza separada de situación personal de Junqueras y no en la causa principal, por lo que no vio impedimento para emitir el fallo.
Para despejar cualquier duda, el letrado Gonzalo Boye ha registrado en el Supremo un escrito de apenas dos hojas. Suficientes para hacer dos preguntas clave. El abogado pidió al magistrado que aclarara si había ordenado, en consonancia con la resolución del TGUE, la suspensión de la causa del procés “a todos los efectos”, en especial en lo que afecta a las órdenes de detención en caso de que Puigdemont, Comín y Ponsatí pisen España.
No hay respuesta fácil, coinciden fuentes jurídicas independientes consultadas. Si el juez Llarena certifica que la causa contra los tres eurodiputados está suspendida, incluidas las órdenes de arresto en España, daría un salvoconducto para el regreso momentáneo de los políticos a los que ha pedido extraditar. Y si pone por escrito que Puigdemont, Comín y Ponsatí serán detenidos en caso de pisar España, el magistrado se expone a nuevas acciones de la defensa del expresident.
En este sentido, fuentes de la defensa de Puigdemont advierten de que, en función de cuál sea la respuesta del juez Llarena, podrían llegar a solicitar la apertura de un procedimiento de infracción a España por no aplicar el derecho de la Unión. El expresident daría así otro paso en su estrategia para internacionalizar la causa soberanista y, de paso, ganar enteros en la batalla por el liderazgo independentista.
Espoleado por las tres victorias que acumula en las justicias europeas, el expresident ya llegó a plantear desde Cerdeña el pasado mes de octubre, después de su último triunfo, la posibilidad de “preguntar a la Comisión Europea si España es miembro de la Unión Europea o hay una excepción española al Estado de Derecho europeo”. Se refería Puigdemont a que Llarena informó a la Justicia italiana de que la petición de extradición seguía en vigor pese a estar suspendida precisamente por la cuestión prejudicial que el propio magistrado había enviado, tal y como había declarado la Justicia europea en julio y recordaron los jueces sardos.
La respuesta que dé el juez Llarena a Puigdemont marcará el devenir más inmediato del expresident. En el horizonte quedarán los dos pleitos principales que la Justicia europea todavía tardará meses en resolver: el recurso del expresident contra la retirada de su inmunidad y la cuestión prejudicial cursada por el juez Llarena para evitar que Bélgica propine otro revés –que sería casi definitivo– a la extradición de los líderes del procés.