Se cumplen 40 años de un traspaso histórico: Catalunya ha sido, hasta 2021, cuando se le sumó Euskadi, la única comunidad en gestionar de forma propia el sistema penitenciario. La Generalitat quiere conmemorar el aniversario con un plan que busca reducir la población recluida en las cárceles y que las penas se cumplan en entornos comunitarios.
De las 15 medidas que incluye, destaca un plan piloto pionero en España: la conselleria de Justicia pondrá a disposición de los jueces pulseras telemáticas para sustituir la prisión provisional antes del juicio. De puertas adentro, el departamento trasladará a los equipos de las cárceles criterios para aumentar las progresiones de internos a la semilibertad. También se potenciará la Justicia restaurativa.
El objetivo no es un vaciado general de las cárceles, toda vez que el sistema está limitado por las altas penas que se imponen por los delitos más graves. Lo que se busca es ahondar en la vocación humanista del sistema catalán de ejecución penal desde una base estadística: los datos muestran que más tiempo entre rejas dificulta la reinserción y, en no pocas ocasiones, la cárcel termina siendo la última parada de un ciclo de pobreza y exclusión social consecuencia de “los fallos del resto de mecanismos del estado del bienestar”, en palabras de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart.
Además, las cárceles catalanas todavía arrastran los efectos de la pandemia, que redujo las actividades en los centros y, en especial, los permisos y las progresiones de los internos al tercer grado, que les permiten salir a trabajar entre semana, volver a prisión para dormir y pasar el fin de semana en casa. El objetivo de la conselleria de Justicia es que el internamiento sea la última alternativa.
Penas bajas y preventivas
De las 8.000 personas privadas de libertad que hay en Catalunya, el 42% están en prisión provisional a la espera de juicio (1.663) o cumpliendo penas de menos de dos años (1.725). Pese a este escenario, el porcentaje de internos clasificados en tercer grado o libertad condicional ha sufrido un retroceso en los últimos tres años y ha bajado del 31,5% al 25%.
Para rebajar el número de presos preventivos, se pondrá en marcha un plan piloto con pulseras de geolocalización (similares a las que ya se usan en procedimientos de violencia de género o con condenados en libertad vigilada) para reducir los ingresos. En Portugal funcionan desde hace 20 años, pero en España todavía no se usan para sustituir los ingresos en prisión de las personas que ahora esperan en la cárcel un juicio del que pueden salir absueltos.
“Se trata de poner en el siglo XXI un sistema que todavía funciona con leyes del XIX”, ha sintetizado el coordinador del plan de la Conselleria, el abogado Josep Maria Torrent. Conscientes de que no pueden remar en solitario, la conselleria ha presentado su plan en unas jornadas con asistencia de varios miembros de la judicatura y la Fiscalía, como la fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal.
En una de las mesas de debate, el magistrado de la Audiencia de Girona Víctor Correas ha abogado por redefinir la prisión preventiva como “prisión sin juicio de ciudadanos inocentes”. “No responde a ninguna finalidad del tratamiento penitenciario, solo sirve para esperar a que pase el tiempo hasta el juicio”, ha agregado el juez.
Además de las pulseras, la Generalitat quiere impulsar la Justicia restaurativa antes de que se ejecute una pena, con el objetivo de que las partes de un pleito puedan abordar las consecuencias del delito centrándose más en la reparación a la víctima que en la entrada en prisión del condenado. También quiere poner en marcha medidas quirúrgicas en función del tipo de delito, como programas de tratamiento que incluyan la preparación para el examen del carné de conducir durante el encarcelamiento por delitos contra la seguridad vial.
“Que la responsabilidad penal se tenga que cumplir con una pena de prisión larga es una convención social, la pena de cárcel fue la alternativa a las penas sanguinarias”, ha recordado la directora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona, que ha abogado por priorizar la prevención del delito y las garantías de no repetición. En este sentido, otra de las medidas del plan pasa por aumentar el asesoramiento a los tribunales sobre suspensiones de ingreso en prisión.
Documentación para extranjeros
Aunque se trata de un número bajo de internos, el plan de Justicia también pasa por ayudar a las personas extranjeras en la cárcel sin papeles a obtener la documentación, herramienta imprescindible para obtener el tercer grado. La población extranjera cumple condenas mucho más bajas que la nacional (4,8 años frente a 7), pero, por contra, accede menos a la semilibertad y a los permisos: solo un 13,5 de extranjeros accede al régimen abierto frente al 21,5% de nacionales.
La Generalitat es consciente de que el plan se lanzará en un contexto europeo de vuelta a las medidas más carcelarias y, en particular en España, de incremento del discurso duro contra la inmigración por parte no solo de partidos que llevan la xenofobia en su ADN sino, más recientemente, de Junts. Para el equipo que lidera Ubasart se trata de todo lo contrario, en línea con el espíritu con el que echó a andar el sistema penitenciario catalán hace cuatro décadas: “En muchos casos, la prisión no ayuda ni al interno ni a la sociedad, que es la primera interesada en que la persona privada de libertad salga de prisión mejor de lo que ha entrado”.