La consellera Serret reafirma la vía pactada de ERC en su juicio por el 1-O: “El conflicto solo se resuelve negociando”

Dos conselleres del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017 han constatado en menos de 24 horas las estrategias enfrentadas del independentismo a día de hoy. Si este martes la extitular de Enseñanza Clara Ponsatí (Junts) volvía a España enarbolando la bandera de la confrontación con el Estado, este miércoles la responsable de Agricultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Meritxell Serret (ERC), ha defendido que el conflicto soberanista debe resolverse por la vía de la negociación. Lo ha hecho en su juicio por el procés que, salvo sorpresa, acabará con su inhabilitación.

Serret, actual consellera de Exteriores de Aragonès, se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía le pide un año de inhabilitación por desobediencia, delito por el que ya fueron condenados tres exconsellers en el Supremo. De ahí que la condena de Serret se dé por descontada: recibió las mismas advertencias del Tribunal Constitucional (TC) para no organizar la votación que sus excompañeros ya condenados.

Con estos mimbres, el debate jurídico en la vista ha sido de mínimos: ni acusaciones ni defensa han propuesto testigos. La vista se ha limitado a una breve declaración de Serret a pregunta de su abogado, Iñigo Iruín. Las palabras de la titular de Exteriores han sido una reafirmación de la negociación con el Gobierno, en línea con la vía emprendida por ERC, frente a la censura del diálogo realizado por Ponsatí y parte de Junts.

“Un conflicto político solo se puede resolver a través de la negociación y la democracia”, ha manifestado Serret en su intervención, en la que ha lamentado la “judicialización” del conflicto soberanista. “Se ha querido criminalizar el republicanismo y el independentismo y anular la vía política”.

Todo lo contrario expresó Ponsatí tras su vuelta. La eurodiputada de Junts apostó por el conflicto con el Estado y se despachó con contundencia contra ERC y el Govern de Pere Aragonès, que calificó de “herramienta de la ocupación española”. También crítico Ponsatí a Serret porque en su último viaje en Latinoamérica como consellera de Exteriores “puso una bandera española tres veces mayor que la catalana”.

Entre el Parlament y el Constitucional

Serret, que estuvo tres años en Bruselas tras la fracasada declaración de independencia y se entregó al Supremo en 2021, ha admitido que como consellera de Puigdemont el Govern en pleno debatió sobre qué “mandato” debía obedecer: si el del Tribunal Constitucional que les prohibía proseguir con los preparativos de la votación o el del Parlament que les instaba a celebrar el referéndum.

“Hice un juicio ponderativo entre el mandato del Parlament para organizar el referéndum y los requerimientos del Tribunal Constitucional”, ha aseverado Serret, que ha explicado que resolvió ese dilema “siendo leal al Parlament”.

El alegato de Serret ha sido refutado por la fiscal Neus Pujal, quien, de forma elegante pero contundente, ha desmentido que el Estado persiga a los independentistas por sus ideas. “No se está criminalizando a un proyecto político. La Fiscalía no acusa a ninguno de los votantes del 1 de octubre, sino que acusa por hechos, el pensamiento no delinque”, ha argumentado Pujal.

En el caso de Serret, ha abundado la fiscal, los hechos son su “actitud contumaz, reiterada y obstinada de infracción” a las resoluciones del Constitucional que instaban al Govern a no organizar el 1-O. La fiscal ha rechazado el dilema planteado por Serret entre la orden del Constitucional y el mandato independentista del Parlament, ya que, en su opinión, no había dudas de que se tenía que decantar por cumplir con el primero.

“Si todas las decisiones de un tribunal tienen que ser sometidas a deliberación interna con un mandato parlamentario volveríamos a un caos y a una época anterior al contrato social”, ha zanjado la fiscal.

En su informe, el letrado Iruin ha recalcado que Serret “no oculta lo que hizo” como consellera de Puigdemont. “No hemos venido a tratar de camuflar su actuación, otra cosa es que eso se entienda como desobediencia”, ha indicado. El juicio ha quedado visto para sentencia.