El Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán–, Rafael Ribó, considera que es “inaudito” el funcionamiento actual del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. Ribó no entiende la opacidad sobre lo que pasa en su interior y la impunidad de la acción de las fuerzas de seguridad debido a esta carencia de acceso a lo que pasa en el CIE. El Síndic ha dicho que en la única ocasión en que consiguió entrar, se concentró a todos los internos en el patio del CIE, lo cual, a su entender, contradice toda lógica de control democrático. Estas afirmaciones las ha hecho en su comparecencia en el grupo parlamentario de trabajo de Revisión del Modelo de los Centros de Internamiento.
Además, ha afirmado que se siente “atado de manos arbitrariamente” para poder constatar la veracidad de las denuncias que ha recibido en relación a este centro. Entre estas denuncias ha mencionado la de la huelga de hambre de una cincuentena de personas, de la cual no pudo hacer el seguimiento adecuado, la expulsión de una persona que llevaba 31 días en huelga de hambre, o la muerte de un ciudadano armenio, caso en el que otros internos afirmaron que había sido golpeado por vigilantes del centro pocas horas antes de morir.
El portavoz del PP, Sergio Santamaría, se ha enfrentado con el Síndic, después de que este hiciera referencia a la imputación de 16 guardias civiles por la muerte de 15 inmigrantes, el 6 de febrero de 2014, al intentar acceder nadando a Ceuta. Mientras el resto de portavoces han aplaudido la labor de la Sindicatura de Greuges, Santamaría le ha pedido más propuestas de soluciones para un problema que, a su entender, no es sólo español sino también europeo. El portavoz del PP ha justificado el control de los CIE en base a las informaciones recientes que atribuyen a mafias de tráfico de inmigrantes el regreso de yihadistas que han participado en acciones terroristas en Siria o Irak.
Sin derecho a despedirse de los familiares
En la sesión de hoy también ha intervenido el abogado del colectivo Arrels y miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Andrés García Berrio, que ha denunciado la angustia de personas que después de vivir ocho o diez años en Catalunya han sido detenidas, trasladadas al CIE y expulsadas. Ha explicado que ha intervenido en una decena de casos de denuncias de torturas en este centro. Asimismo, ha lamentado que, a menudo, se encuentra con que se niega a las personas expulsadas el derecho a despedirse o abrazar a los familiares y amigos que se quedan en Catalunya y que se las expulsa sin ningún juicio previo. Por otro lado, ha atribuido las mejoras en determinados aspectos de las condiciones de vida en el centro a la presión de los movimientos sociales.
Andrés García Berrio ha pedido que se cierren centros de internamiento como el de la Zona Franca. A su entender, “mañana se podrían cerrar sin dejar de respetar la legislación europea vigente” y ha instado a los parlamentarios presentes a trabajar en esta dirección. También ha pedido sanciones contra los miembros de las fuerzas de seguridad que retienen personas y las identifican simplemente por su apariencia racial y que no se recurra a procesos de extradición-exprés sin avisar a los abogados de las personas afectadas. Para él, no se trata sólo de cerrar los CIES sino de replantear las políticas migratorias desde una perspectiva no discriminatoria ni racista.
Miembros de la plataforma Tanquem els CIEs han asistido a la sesión de este grupo de trabajo. Mirèia Vehí, miembro de la Plataforma, ha pedido que el Gobierno de la Generalitat se implique en la lucha contra las irregularidades denunciadas en el centro de la Zona Franca, puesto que, a pesar de no tener competencias directas, sí que está obligada a defender los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía.