Cientos de afectados presentan querellas colectivas contra JuicyFields, la estafa de inversión en cannabis

Una semana después del colapso de JuicyFields, una estafa piramidal de inversión en cannabis destapada por elDiario.es, los afectados empiezan a mover ficha y se están uniendo para presentar querellas colectivas e intentar recuperar su dinero. Durante los últimos días varios bufetes de abogados y asociaciones se han acercado a los damnificados para aunar fuerzas y personarse colectivamente. Se calcula que en España hay decenas de miles de estafados.

Un grupo de 200 clientes, reunidos bajo la asociación Afectados por Inversiones en Cultivos CBD, han presentado ya la primera querella colectiva ante la Audiencia Nacional, que la analizará durante los próximos días. Los afectados acusan a JuicyFields -que incluso tenía una oficina en Valencia- de un presunto delito continuado de estafa agravada, delito de apropiación indebida, organización criminal, intrusismo y publicidad engañosa.

JuicyFields era una plataforma de inversión en cannabis que prometía a sus clientes intereses de hasta el 66% de su inversión en menos de cuatro meses. Los inversores podían depositar su dinero tanto con transferencias bancarias como mediante criptomonedas, en un producto financiero sin ningún protocolo de seguridad ni de identificación, que permitía invertir hasta 180.000 euros con un nombre falso. La plataforma irrumpió en el sector del cannabis en 2017 y se popularizó a partir de 2019. Durante años ha habido decenas de miles de inversores que han estado ganando dinero con el proyecto, que demostró ser un estafa piramidal después de una investigación de este periódico.

La querella, a la que ha tenido acceso este periódico, va dirigida contra las mercantiles que forman un complejo entramado de empresas radicadas en Suiza, Alemania y Holanda. Las sociedades son Juicy Fields AG, Juicy Holdings B.V., Juicy Grow GMBH y sus responsables son los hermanos Stefan y Friedrich Graf Von Luxburg, Robert Michael Muller, Thomas Stieger, Birgit Naumann, Alan Glase, Daniel Gauci, Hans Van de Ven, Licet Osorio y Fanny Skoglung, además de todas las personas que actuaban en la operativa española.

Durante los últimos días, los responsables de las mencionadas sociedades (no todos los querellados forman parte de las mismas mercantiles) se han acusado mutuamente de haberse quedado con todo el dinero de los inversores. Al mismo tiempo, las carteras de criptomonedas con las que operaba la empresa llevan días con un alto volumen de actividad y retirando decenas de millones de euros que pertenecían a los clientes de JuicyFields.

“La urgencia en la presentación de la querella por parte de la Asociación de Afectados se ha visto justificada tanto por la gravedad de los hechos, como por la importancia de los perjuicios causados a los más de 3.500 afectados que se han puesto ya en contacto a fecha de hoy con la Asociación para exponer su caso y defender sus derechos”, ha indicado la asociación en un comunicado.

Este grupo de afectados ha detallado que cree que la única forma efectiva de que su procedimiento prospere es mediante la tramitación de esta querella colectiva: “Consideramos que es la única forma de no saturar a los tribunales ordinarios, juzgados de guardia, comisarías de policía y guardia civil, con denuncias innecesarias y que se archivarían en la mayoría de los casos, optimizando así los recursos judiciales al máximo”.

Al mismo tiempo otros bufetes han reunido también a cientos de inversores y preparan sus propias querellas, en un caso que ahora mismo no se sabe a cuánta gente ha afectado exactamente. La compañía se jactaba de tener medio millón de inversores repartidos por todo el mundo, pero los datos son muy difíciles de corroborar.

La mencionada asociación de afectados asegura que en España hay cerca de 40.000 estafados -de un total de 120.000 en todo el mundo- que han perdido su dinero de un día para el otro, si bien la cifra es totalmente orientativa y no se puede contrastar.

Tampoco se sabe cuánto dinero ha desparecido de un día para el otro. Algunos bufetes que preparan demandas aseguran que la cantidad defraudada superaría los 9.000 millones de euros. Fuentes conocedoras de las cuentas de la compañía consultadas por esta redacción, sin embargo, reducen la cantidad a unos 500 millones de euros.