La cumbre catalana por la sequía fracasa por la falta de acuerdo en las sanciones a los municipios

No ha habido acuerdo entre partidos en Catalunya después de cuatro horas de cumbre sobre la sequía. La reunión entre grupos ha descarrilado entre acusaciones de electoralismo, a dos meses de los comicios locales, y con un escollo que ha sido el esperado: el régimen de sanciones a los municipios que incumplan con el nuevo decreto ley, que fue aprobado por el Govern y que ha de servir para dar cobertura a las medidas de excepción si sigue sin llover y los embalses continúan vaciándose. 

Fue el president Pere Aragonès quien convocó la cumbre de grupos parlamentarios después de constatar su soledad en la validación del decreto en el Parlament, con los únicos votos a favor de ERC y las abstenciones de PSC, Junts, CUP y Comuns. Desde entonces la tensión ha ido en aumento en el plano político, con algunos alcaldes cuestionando, además de las posibles sanciones –de entre 10.000 y hasta 150.000 euros–, restricciones como el hecho de que no se puedan llenar piscinas municipales. 

La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha salido de la reunión visiblemente decepcionada al asegurar que si no se ha llegado a un acuerdo ha sido solo por uno de los múltiples puntos de la negociación, el del régimen sancionador. Jordà ha asegurado que la propuesta de la Generalitat incluía 50 millones de euros para hacer obras para que algunos pueblos se puedan conectar a la red en baja, planificaciones de nuevas infraestructuras o la creación de una Mesa Nacional del Agua. 

La consellera ha querido insistir en que la vocación del régimen sancionador nunca ha sido multar a nadie –por ahora todavía no se ha empezado a aplicar–, sino “disuadir”. La propuesta de acuerdo planteaba establecer un período diferido de aplicación del régimen sancionador por exceso de dotación de agua hasta el 1 de julio de 2023, una fecha que ya era vista como un “esfuerzo”. Al final, Jordà ha acabado por atribuir la falta de acuerdo al electoralismo. “No sé si este escenario se hubiera producido si no estuviéramos a las puertas de las elecciones municipales; no es el mensaje que debería dar la clase política de este país”, ha espetado. 

Uno de los partidos que con más firmeza se ha opuesto al decreto ha sido el PSC, que no ha aceptado la moratoria de las sanciones hasta julio y la pedía al menos hasta septiembre para dar tiempo a licitar las obras necesarias. La diputada Silvia Paneque ha negado que su posición sea “electoralista” y ha acusado al Govern de tener ánimo recaudatorio. 

El PSC confiaba en que de la cumbre pudieran salir modificaciones en el decreto aprobado por el Govern y pedían priorizar los recursos previstos en los presupuestos –760 millones de euros– para las actuaciones más urgentes, como la estación de tratamiento de acuíferos del río Besòs (110 millones de euros) o la ampliación de la desalinizadora del río Tordera (165 millones de euros).

Junts, por su parte, ha defendido que ha actuado con responsabilidad porque ha aceptado la moratoria de las sanciones hasta el 1 de julio, aunque inicialmente exigía su derogación. Este grupo estudiará la posibilidad de presentar en el Parlament y tramitar por lectura única un proyecto de ley sobre la sequía para corregir los errores que en, su opinión, el Govern de ERC está cometiendo.

CUP y Comuns cargan contra Junts y el PSC

A la salida de la cumbre, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant se ha mostrado muy contrariada con la actitud de PSC y Junts, a quienes ha acusado de reducir el encuentro a un “pimpam” sobre las sanciones al que el Govern “se ha dejado arrastrar”. Les ha acusado de “tacticismo electoral”, de buscar la “debilidad” del Ejecutivo catalán y de acudir a la cita sin voluntad real de discutir sobre las medidas urgentes que requiere la situación. “Venían a modificar dos puntos y cuatro comas para poder decir que inciden en el Govern”, ha lamentado. 

Jéssica Albiach, de En Comú, también ha acusado a Junts y al PSC de querer hacer “pinza” para poner por delate “los intereses partidistas a los de país”. “Ha sido un chantaje para evitar aplicar sanciones durante el período electoral”, ha resumido. Con todo, ha replicado también a la consellera Jordà, a la que ha acusado de tener una mirada “cortoplacista” y “poco ambiciosa”.

Actualmente Catalunya se encuentra en fase de excepcionalidad por la sequía, una grave y prácticamente inédita situación de falta de agua y de lluvias que se prolonga desde hace casi dos años. Entre las restricciones vigentes están las de llenar piscinas que estuviesen vacías del todo, regar jardines o reducir un 40% el uso de agua para cultivos.