La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha iniciado una investigación para analizar si existe mala praxis en la cadena de distribución y venta de material de protección para el coronavirus a raíz del “incremento excepcional” de precios de mascarillas, guantes y gel higienizante en una situación de escasez.
En un comunicado, Antifraude ha explicado que ha abierto un expediente de evaluación previa de verosimilitud, a iniciativa propia, tras conocer “situaciones de precios abusivos de material de protección”. De esta forma, Antifraude analizará si existe mala praxis en la cadena de distribución y venta de estos productos sanitarios esenciales y si el incremento de precios puede generar un uso o destino ilegal de fondos públicos o puede haber causado trato de favor o conductas contrarias a la ley.
El objetivo de Antifraude ese identificar la existencia de posibles casos concretos susceptibles de ser investigados o, en su caso, identificar procedimientos o prácticas administrativas susceptibles de mejora. En este sentido, los hechos investigados se pueden encuadrar en el ámbito de competencia de la OAC.
Antifraude considera una prioridad contribuir a asegurar que la gestión pública, en situación excepcional, responda al interés general y no esconda ninguna práctica fraudulenta. Todo ello para contribuir a que la gestión pública se haga “con integridad y transparencia” y evitar que la situación de excepcionalidad que se vive fomente la captura del estado por parte de los grupos de interés que hay detrás de la cadena de distribución de los productos sanitarios esenciales.
Pese al confinamiento, la OAC mantiene a disposición de toda la ciudadanía su canal de denuncias anónimas y que cumple los requisitos de confidencialidad y reserva de identidad. Cualquier persona puede denunciar situaciones de riesgo (susceptibles de especial alerta en la actual situación de excepción) como el uso privilegiado de información, desvío de ayudas públicas a fines ajenos a aquellos por los que se otorgan, irregularidades en la contratación pública, arbitrariedades en el acceso desigual a bienes y servicios, favoritismos en la concesión de permisos y autorizaciones o tratos de favor por parte de servidores públicos.