El padre y la madre de Pedro Álvarez, el joven asesinado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1992, no obtendrán nunca una verdad judicial sobre quién mató a su hijo. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la familia de Pedro Álvarez, lo que supone el archivo definitivo del caso por la prescripción del delito y dejar el crimen impune.
Pedro Álvarez fue asesinado de un tiro en la cabeza disparado por el conductor de un coche que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia la noche del 15 de diciembre de 1992 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Después se dio a la fuga en su Opel Vectra blanco. El principal sospechoso del caso fue un agente de la Policía Nacional de Barcelona, J.M.S. Fue detenido como el presunto autor de los hechos y permaneció en prisión provisional una semana, pero después fue puesto en libertad y la causa fue archivada, en un movimiento que la familia de Álvarez siempre ha visto con desconfianza.
El recelo de la familia no era infundado: los jueces permitieron investigar el caso al mismo cuerpo policial al que pertenecía el principal sospechoso, al que ni siquiera se le practicaron pruebas para determinar si tenía restos de pólvora en la ropa pese a que su arma fue requisada. La escena del crimen tampoco fue preservada. La inspección ocular del cruce donde Pedro fue asesinado duró apenas media hora.
A lo largo de tres décadas, Juanjo Álvarez y Carmen Peso, los padres de Pedro, no han cesado de reclamar a la Justicia una investigación a fondo del caso, topándose una y otra vez con los portazos de distintos jueces y fiscales. De la mayoría de políticos a los que acudían para dar a conocer el crimen de su hijo obtenían poco más que buenas palabras. Eso si llegaban a recibirles.
En 2020, los familiares de Pedro hicieron el último intento ante la Justicia para encontrar al asesino de su hijo. El resultado no ha cumplido con las esperanzas de la familia: tanto el juez instructor de L'Hospitalet como la Audiencia de Barcelona (que no permitió asistir a los padres a la vista) y ahora el Supremo han argumentado que el caso está totalmente prescrito.
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández, es la primera a lo largo del caso en la que una instancia judicial expresa su “empatía con el sentimiento de frustración” que el archivo total del caso genera en la familia. Los togados añaden que, pese al interés legítimo de la familia en encontrar al asesino de su hijo, las reglas del Estado Constitucional “imponen que todas las pretensiones deben encauzarse por las reglas” que regulan la acción penal, entre las que se encuentran la prescripción de los delitos.
Conocida la sentencia, la familia Álvarez ha abierto una campaña de investigación extrajudicial para “saber la verdad” y ha llamado a la colaboración vecinal para recabar cualquier información, sin consecuencia legal, que les pueda “dar tranquilidad”.
El Alto Tribunal también defiende que la prescripción del crimen por el paso del tiempo “no es la consecuencia de una indolente inactividad procesal” sino que deriva de “la imposibilidad de obtener indicios suficientes de criminalidad hacia personas determinadas después de una profusa y detallada investigación judicial”. Una afirmación que no comparte la familia Álvarez Peso.