Trabajadoras de la residencia Fiella de Tremp (Lleida) donde en noviembre de 2020 murieron 64 ancianos en un brote de coronavirus han asegurado al juez que se sintieron “solas” durante la crisis y han relatado que “había residentes pidiendo ayuda en el pasillo”. Así lo ha explicado a la salida del juzgado el letrado Xavier Prats, abogado de familiares de uno de los fallecidos.
El juzgado de Tremp investiga a la exdirectora y el exresponsable de higiene sanitaria del centro por homicidio imprudente en la muerte de los ancianos y, en otra causa distinta, un delito contra la seguridad en el trabajo por no proveer de los equipos de protección adecuados a las empleadas de la residencia. Las trabajadoras han empezado a comparecer como testigos y, según Prats, han relatado la situación como un “caos”: no sabían quién trabajaba y quién no, no recibieron ningún tipo de formación y nadie conocía los planes de contingencia.
Pese a superar la primera ola sin apenas contagios, a partir del 19 de noviembre de 2020 la residencia de este municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde fallecieron 64 ancianos, lo que supone el 1% de la población del Tremp. También se contagiaron 42 de los 65 trabajadores del centro. El brote fue uno de los más graves registrados en España a lo largo de las distintas fases de la pandemia.
Las trabajadoras han comparecido ante el juez con obligación legal de decir verdad y han explicado que la dirección del centro no les proporcionó EPIs y solo les daban una mascarilla a la semana pese a que en la segunda ola de la pandemia ya no existían los problemas de suministro vividos durante el confinamiento en marzo de 2020.
Esta investigación pretende esclarecer si durante el brote de noviembre de 2020, se contó con los equipos de protección necesarios para trabajar con seguridad, algo que han desmentido por completo las empleadas.
Entre las muchas irregularidades descritas por la Fiscalía en su querella y que los testigos han confirmado, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más cercanos. Ocurrió, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que en aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed, recoge la denuncia. El caos fue tal que se anotaron cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días fallecidos.
Las declaraciones de este viernes se enmarcan en la causa abierta contra las dos exresponsables del centro por un delito contra la seguridad en el trabajo por la falta de equipos de protección a los trabajadores de la residencia. El mismo juzgado investiga en otra causa contra las mismas imputados los delitos de homicidio imprudente y trato degradante a los ancianos. Un total de 49 empleados comparecerán como testigos a lo largo de este mes de abril. La jueza aún no ha citado a declarar a las investigadas.