El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su pena de inhabilitación como medida cautelar mientras estudia su recurso de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarle. El dirigente solicita una respuesta urgente del tribunal de garantías para que le permita volver a ocupar cargos públicos sin tener que esperar a la sentencia definitiva del caso.
El recurso de amparo de Turull es el primero que llega al Constitucional para intentar que se revoque la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes del procés. En el caso de Turull y de los exconsellers ya condenados e indultados, la pena que el Supremo se negó a amnistiar fue la de inhabilitación, que seguía vigente ya que su indulto solo afecto a su pena de prisión. Turull sigue sin poder ocupar cargos públicos hasta julio de 2030.
Según argumenta en su escrito el abogado Jordi Pina, la pena de inhabilitación que se mantiene sobre Turull provoca que el secretario general de Junts vea “seriamente limitado el ejercicio de sus derechos políticos” al no poder concurrir a las elecciones ni acceder a cargos públicos “pese a ser uno de los dirigentes de un partido con amplio apoyo social en Catalunya”.
La suspensión cautelar de su inhabilitación, ahonda la defensa de Turull, permite evitar “un sacrificio innecesario e ilegítimo” de sus derechos. “En el improbable caso de desestimarse este recurso, nada impedirá que, más adelante, se siga cumpliendo la parte pendiente de la pena privativa de derechos hasta su completa extinción”, ahonda el escrito de Pina, que descarta que permitir a Turull volver a ocupar de forma cautelar cargos públicos cause “ninguna perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido”.
Sobre el fondo del caso, la defensa del dirigente de Junts solicita al Constitucional “restablecer los derechos lesionados” por la negativa del Supremo a amnistiarle y que el tribunal de garantáis ordene a la Sala II del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, que declare extinguida toda la responsabilidad penal de Turull en virtud de la ley de amnistía.
El Constitucional ha recibido decenas de escritos y recursos sobre la amnistía, que convierten el asunto en uno de los más controvertidos de su historia. El tribunal deberá resolver las duras alegaciones que el Tribunal Supremo hizo sobre el primer artículo de la ley de amnistía aprobada hace unos meses en el Congreso; la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma que también ha presentado el TSJ catalán; los recursos interpuestos por el PP y varias comunidades autónomas y las peticiones de amparo de los afectados a los que los tribunales no han aplicado la norma.