Lecciones para después de la pandemia

Las instituciones públicas de nuestro país se han visto sobrepasadas por la pandemia del COVID-19. Es evidente la falta de previsión y de medios para proteger a la población frente al virus, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud alertó a finales de enero del desastre que podía producirse. Sin embargo, las medidas ante la pandemia no llegaron hasta mediados de marzo. Demasiado tarde.

Tiempo habrá para exigir responsabilidades. Sin embargo, en medio aún del horror, con el dolor inmenso que provoca la publicación del número de fallecidos de cada día, conviene ir extrayendo ya algunas lecciones para el futuro. Porque la comunidad científica alerta de nuevo: esta no será, previsiblemente, la última epidemia global. 

1. España debe tener capacidad para fabricar equipos de protección ante amenazas biológicas como esta. No puede depender de la producción china. Ha quedado patente. El Estado tiene la obligación de proteger a sus sanitarios, que no deben ser héroes y heroínas que se juegan la vida para curar a sus pacientes. Han de diseñarse canales de distribución de esos medios de protección también entre las ONG. Pasadas tres semanas desde la declaración del estado de alarma, los equipos de protección llegan a cuentagotas, por ejemplo, a las entidades que atienden a personas con discapacidad. Las residencias y la atención y asistencia a domicilio gestionadas por nuestras asociaciones se han calificado como actividades esenciales. Sin embargo, ni los equipos de profesionales, que han continuado con su trabajo, ni los usuarios y usuarias de esos servicios han contado con protección suficiente. La precariedad y el miedo a esta hora siguen siendo grandes, especialmente en las residencias.

2. No sólo es fundamental la disposición de recursos sanitarios y de protección. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mecanismos para el diálogo y el intercambio de información entre las ONG y la Administración sobre las necesidades de la población en situaciones de emergencia social. Nadie mejor que el Tercer Sector conoce las circunstancias de quienes se encuentran en una posición de mayor fragilidad, porque trabaja a diario con estas realidades. Por eso las aportaciones de estas organizaciones pueden ser decisivas en momentos de emergencia. En Andalucía, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales lo ha entendido y ha creado un grupo de trabajo con representantes de la Mesa del Tercer Sector con los que mantiene contactos frecuentes. No lo ha visto así, sin embargo, la Consejería de Salud, con cuyos responsables el diálogo ha sido nulo durante esta crisis sanitaria hasta ahora.

3. No sólo quienes dirigen las instituciones públicas deben extraer lecciones a partir de la gestión de esta pandemia. También el movimiento asociativo de la discapacidad debe hacerlo. Nuestras entidades sostienen el peso de la gran mayoría de los servicios que se prestan en Andalucía al colectivo: residencias, pisos tutelados, unidades de día, centros de atención temprana… Lo hacen de forma concertada, y, en muchos casos, bajo unas condiciones impuestas por la Administración autonómica tan precarias que la calidad de estos se acaba resintiendo en la normalidad y en una situación de emergencia como la actual no hay margen de reacción por la pobreza de los recursos disponibles. Sobre ello debemos reflexionar y mucho quienes tenemos responsabilidades de gestión en el sector.

4.Los profesionales de la Sanidad deben tener protocolos claros de actuación para casos de crisis que lleven hasta el límite la capacidad de los recursos hospitalarios existentes. Esos protocolos deben respetar el principio de no discriminación. En modo alguno, como ha ocurrido en determinados hospitales de todo el país estas semanas, la edad o la discapacidad pueden ser criterios que motiven la denegación del acceso del paciente a los recursos sanitarios precisos para su recuperación bajo pretexto de la escasez. Lo contrario atenta contra los derechos humanos y conduce a la selección social. La vida de las personas mayores y de las que viven con alguna discapacidad no son menos valiosas. Así lo ha expresado el Defensor del Pueblo y el Comité de Bioética de España.

5.No conocemos la dimensión de la depresión económica que con toda certeza sucederá a esta crisis sanitaria. El crack de 2008 ya supuso un duro varapalo para la aspiración a la igualdad de oportunidades del colectivo de personas con discapacidad, un sector de la población que aún sufre en España una tasa de pobreza del 30% y un 16% de exclusión severa. Debe ser una prioridad, en este sentido, mantener las políticas públicas dirigidas a cambiar esa realidad. Es una cuestión de derechos humanos. También debe serlo garantizar el apoyo económico suficiente a las entidades sin ánimo de lucro que tienen programas de protección de los derechos básicos de los cuatro millones de personas con discapacidad en España y 700.000 en Andalucía.

6. Sobre la Humanidad actual no solo pesa la amenaza de posibles pandemias. Los expertos llevan décadas alertando de las consecuencias que el cambio climático puede tener en la vida de todos. No en el futuro lejano, sino en lo inmediato. La pandemia muestra a las claras que el desastre global no es solo cosa de la ciencia ficción. Gobiernos, corporaciones y ciudadanía deben concentrar sus esfuerzos también, ya sin titubeos y con toda intensidad, en evitar el desastre climático. Ya sabemos que lo que hoy pareciera solo una distopía literaria puede convertirse en una cruda realidad.