La política científica entra en la era de la post-verdad

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

En artículos anteriores hemos explicado por qué el análisis de Carmen Vela era erróneo o premeditadamente falso. Incluso en su punto más alto, la inversión española en I+D seguía siendo muy inferior a la media europea. El número de investigadores per cápita llegó a igualar la media de la UE28 en 2009, para volver a alejarse a partir de 2011. Y, a pesar de todo, los investigadores españoles mostraron una productividad científica, calidad científica y generación de patentes por euro invertido comparable o superior a la de países de referencia como EEUU, Francia o Alemania. España era uno de los mejores países del mundo para seguir apostando por invertir en I+D pública. Mostraba, eso sí, una crónica falta de compromiso de sus empresas con dicha inversión.

Con todo, es factible interpretar que, sabiéndose incapaz de escapar a los recortes y la intrascendencia política a la que estaba relegada la I+D, lo que Carmen Vela proponía en ese artículo era hacer de la necesidad virtud y aprovechar para introducir varias mejoras en el sistema. Algunas de ellas eran ciertamente necesarias. Un poco más abajo veremos cuántas llegaron a cumplirse.

2 de enero de 2018. Casi seis años después, Carmen Vela escribe una tribuna titulada “La ciencia española en positivo” donde explica en tono laudatorio los logros de su gestión. El contraste con su artículo de 2012 es patente. Según el artículo, lo que no consiguieron ocho años de mejora de la inversión lo han conseguido seis años de brutales recortes y reducciones de plantilla: la ciencia española ha pasado de ser un sistema con centros redundantes e investigadores de baja calidad que no son capaces de “avanzar las fronteras del conocimiento actual” a tener “investigadores con impacto mundial en diversas áreas, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras y una participación importante en muchas de las mayores instalaciones europeas e internacionales”.

Aunque los últimos seis años se han caracterizado por los continuos recortes en la financiación de la investigación y las trampas de trilero en la ejecución del gasto, en 2012 la Secretaria de Estado prometió compensar estos recortes con el aumento en la eficiencia del gasto. El análisis detallado de las cifras permite evaluar si ha cumplido esa promesa.

¿Ha mejorado la estructura del sistema de I+D, eliminando redundancias entre centros y parques científicos?

No. El adelgazamiento de la I+D pública se ha hecho sin llevar a cabo una reestructuración priorizada y racionalizada de la red de centros y parques científicos. Los pocos centros que se han cerrado lo han hecho por problemas graves de gestión, no por su calidad o desempeño. Entre el centenar largo de centros del CSIC, ni siquiera los centros ya señalados en los años previos a la crisis como poco viables han llegado a cerrar. Sencillamente, se ha cortado el grifo y se ha dejado que los elementos más sensibles del sistema, a menudo los grupos e investigadores más productivos, adelgazaran o dejaran el país.

¿Se ha “introducido la competitividad en el proceso de obtención de financiación pública”, para “apoyar solo los proyectos realmente competitivos que estén dando frutos”?

Pues tampoco. Convocatorias erráticas, que aparecen en periodos vacacionales (cuando muchas administraciones están cerradas) y con plazos mínimos, excluyen a potenciales solicitantes, impidiendo una selección en base a méritos. Además, no se ha introducido ninguna mejora en los sistemas de evaluación por pares, que sigue adoleciendo de falta de transparencia, ausencia de criterios objetivos y pésima comunicación con los evaluados.

¿Ha mejorado a evaluación del desempeño de los investigadores, de forma que solo reciban recursos “aquellos científicos que puedan demostrar que están ampliando las fronteras de nuestro conocimiento”?

Todo lo contrario. La disminución del número de investigadores no se ha hecho en base a méritos, sino en base a tipo de contrato. Los recortes no han afectado en absoluto a la fracción personal de plantilla que presenta un desempeño realmente bajo. Los recortes han primado la salida del personal temporal, al que era más fácil dejar de contratar, y nos han hecho perder al más brillante y productivo, que tenía más fácil conseguir empleo en el extranjero.

¿Ha acompañado la mejora de la calidad de los contratos de los investigadores a la reducción en su cantidad –en particular, para los investigadores RyC?

Rotundamente no. La brutal reducción en la plantilla de investigadores (estimada en casi 11.500 puestos a jornada completa) se ha visto acompañada en un deterioro continuo de sus salarios, condiciones laborales y autonomía. Por poner solo un par de ejemplos: los investigadores de plantilla han perdido en promedio, como el resto de los funcionarios, un 14% de su poder adquisitivo desde 2010; los investigadores predoctorales sufrieron un intento de privarles de su derecho al desempleo y la tarjeta sanitaria europea de forma irregular; organismos como el CSIC siguen aplicando listas negras que bloquean la contratación de investigadores y técnicos que han llevado a juicio sus reivindicaciones laborales; y las OPIs siguen careciendo de un mecanismo para contratar como personal fijo a quienes en la práctica tienen un contrato de larga duración, recurriendo a fórmulas que vulneran el espíritu, cuando no la letra, de la legislación laboral.

En cuanto a los RyC, la mejora en la financiación complementaria se ha producido a coste de una fuerte reducción en el número de ayudas. El número de ayudas RyC pasó de 480-780 al año en los años previos a la crisis a 250 en 2011, llegó a ser cero en 2012 y a partir de entonces se ha mantenido estable en 175. Estos contratos tenían una financiación complementaria, que ayudaba a los investigadores a lanzar su línea de investigación en el nuevo centro, de 15 k€ en 2011, que pasó a ser de 40 k€ en 2012-7.

Además, se ha introducido una ayuda de 100 k€ para incentivar su contratación fija al acabar el periodo de 5 años. Esta ayuda trata de paliar la principal deficiencia del programa RyC: su incapacidad para funcionar en la práctica como el sistema de tenure-track para el que fue concebido. La introducción de figuras de contratación indefinida está empezando a aliviar ese cuello de botella, pero a costa de drenar los RyC existentes desde los OPIs (que por ley no pueden utilizarlas) hacia la Universidad.

¿Se ha creado una agencia gubernamental para evaluar y financiar la I+D?

Esta promesa vegetó en el limbo durante toda la legislatura anterior, pero fue revitalizada in extremis al acabar ésta. La AEI fue finalmente creada en noviembre de 2015, aunque el Real Decreto que establecía su estatuto fue modificado en enero de 2017 y el que articula la organización y gestión compartida de servicios generales y comunes entre el MINECO y la AEI se aprobó en octubre de 2017. Es decir, la AEI se acaba de crear y por ahora ha hecho poco más que incluir su logo en las convocatorias de fondos públicos de I+D+i que dependen del MINECO. Su falta de independencia con respecto al gobierno de turno, tanto en lo económico como en su dirección, perpetúa el problema histórico más grave de la I+D española.

¿Ha mejorado la eficiencia en la gestión de la financiación pública y la gestión de contratos?

Rotundamente no. En este lustro, el incremento de la burocracia y la falta de seguridad jurídica en la gestión de la financiación pública de la I+D española se han convertido en un problema igual o mayor que la falta de financiación; o, más bien, en la otra cara de ese problema, ya que muchas de la reglas y trampas introducidos en las convocatorias, evaluaciones, resoluciones y auditorías de las subvenciones y créditos a proyectos de investigación buscan reducir, bloquear o recuperar el gasto para seguir paliando el fuerte déficit de las arcas públicas. Gracias a esta estrategia, el gobierno ha ido aumentando la proporción de los presupuestos de I+D que no llegan a gastarse desde el 46% en 2013 hasta el 62% en 2016.

¿Ha aumentado el papel del sector privado en la financiación de la I+D, a través de medidas como optimizar el marco fiscal para I+D o introducir esquemas de crowd-funding?

Menos aún. La Estrategia Nacional de I+D+i de 2012 preveía que el gasto total en I+D ascendiera del 1.39 al 1.48% del PIB entre 2010 y 2016; y que la contribución del gasto privado pasara del 43% al 49%. La contribución relativa del sector privado ha llegado al 47.6% en 2016, pero este dato no refleja un aumento de la financiación privada, sino un desplome de la pública (ver figura). Como indican los datos del propio MINECO, el gasto total descendió al 1.19% del PIB en 2016 y la contribución privada a su financiación pasó de 6690 M€ en 2008 a 6036 M€ en 2014, remontando a 6311 M€ en 2015-6.

Visto todo esto, ¿cómo es posible que un drástico recorte de la financiación combinado con una serie de políticas incompletas y promesas incumplidas hayan hecho de la I+D española el “sistema capaz y eficaz” que no era en 2012? Spoiler: no lo es.

Tenemos “investigadores con impacto mundial…, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras, y una participación importante en muchas [más bien algunas] instalaciones europeas e internacionales”. Pero teníamos muchos más investigadores y mucho mejores centros hace seis años; muchas de nuestras infraestructuras científicas han sido cerradas, y el resto se están echando a perder por falta de inversión y mantenimiento; y nuestra participación en infraestructuras y redes internacionales durante estos años ha oscilado entre la vergüenza de no pagar y el ridículo de no poder asistir a las reuniones por falta de fondos.

Seguimos teniendo muchos “investigadores y tecnólogos” que trabajan con “talento y esfuerzo”, a pesar de las pésimas condiciones de salario, estabilidad, financiación, gestión y burocracia. Pero teníamos muchos más hace seis años. Y en lugar de apoyar a los mejores y dejar ir a los menos productivos, a menudo se ha hecho lo contrario, simplemente porque era lo más fácil.

Seguimos teniendo un nivel internacional “de importancia” en términos de “número de publicaciones y la calidad de las mismas”. Pero conforme indica el último informe de FECYT-MINECO (que solo llega hasta 2014) el número de publicaciones, que no hizo sino ascender entre 2005 y 2012, ha dejado de crecer a partir de este año. Nuestra cuota global de publicaciones descendió ya en 2014. El crecimiento en el impacto normalizado de las citas (FWCI) se ralentizó a partir de 2012, y hemos descendido ya un puesto en el ranking mundial (pasando al 18º, al ser adelantados por Grecia).

Seguimos pudiendo alegrarnos de que “el impacto de la producción científica española es superior en un 30% a la media mundial, el 51% de nuestras publicaciones se pueden leer en las principales revistas [el Top 25% de revistas más influyentes] y el 13% de éstas se encuentra entre las más citadas del mundo [el Top 10% de artículos más citados]”. Pero esos números en sí no dicen mucho. Dice más indicar que en ambos indicadores seguimos a la cola de los países de nuestro entorno competitivo (EEUU, Canadá y la UE15). Que, a pesar de ser la 12º economía mundial, estamos en los puesto 16º y 17º, prácticamente empatados con Francia (Top25 revistas) y con Grecia y Portugal (Top10 citas). Y, lo que es más importante, que la velocidad a la que ambos indicadores han estado aumentando desde 2005 ha disminuido a la mitad a partir de 2012.

Si hay un aspecto en el que la I+D ha mejorado: la captura de fondos europeos. Como no olvida destacar Carmen Vela, “en el programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, España es, hasta el momento, el tercer país que más proyectos consigue, el cuarto por retornos (2.400 millones de euros, casi el 10% del total) y el que más proyectos lidera (15%).” Un desempeño sustancialmente superior al del programa previo (FP7). Aunque una buena parte de estas cifras son una consecuencia directa del tamaño de España (el 5º país de la UE por población y por PIB), un análisis detallado muestra que España capta del programa H2020 1.18 euros por cada euro invertido en financiarlo, lo que supone una ganancia neta de 121 M€. Parte de este secreto es la benevolencia con que la UE ha calculado la contribución de España a la financiación de H2020: España paga la menor contribución de todos los países de la UE15, equivalente tan solo al 87% de la contribución media per cápita. Por desgracia, un superávit de 121 M€ apenas basta para paliar una mínima parte de los 3.155 M€ de gasto de I+D+i que se quedó sin ejecutar solo en 2016.

En resumen: España sigue produciendo mucha y buena ciencia a pesar de su pésima financiación, la asfixiante burocracia y el desinterés de las empresas. Pero el sistema de I+D, que apenas estaba empezando a remontar todos esos lastres históricos, está herido de muerte por la intensidad y arbitrariedad de los recortes, los cambios erráticos de dirección y la lucha partidista contra una actividad potenciada por un gobierno previo de otro signo. En esa situación, retorcer y descontextualizar los indicadores disponibles para defender la idea de que todo va bien es mucho más que un ejercicio de cinismo: es un anuncio de que este gobierno no piensa llevar a cabo la campaña de choque que hace falta si no queremos que nuestra I+D se hunda definitivamente, y que piensa luchar desde la oposición cuando un gobierno de otro signo lo intente.

Debemos, en efecto, “dar un paso al frente y apostar decididamente por la ciencia y la tecnología española”. El primer paso sería dejar de engañarnos sobre el efecto de nuestras políticas y empezar la urgente labor de rehacer lo destruido.

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.