Una nueva política de centros e infraestructuras de I+D+i para Madrid

La Comunidad de Madrid se jacta de ser el motor económico de España. Sin embargo, eso no se debe a su capacidad de generar y mantener actividades de gran valor añadido, sino simplemente a una gran concentración de instituciones públicas y de masa crítica empresarial (el efecto sede), así como a políticas de dumping fiscal que atraen capital y generan desigualdad a nivel nacional. 

El panorama en el ámbito de la investigación y la innovación es similar. A pesar de albergar sólo el 14% de la población del país, Madrid cuenta con seis universidades públicas y 12 privadas (el 21%), 35 de los 120 centros del CSIC (el 29%), una larga lista de Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como el CNIO, el INIA, el CEDEX, el Instituto Carlos III o el CIEMAT, un sistema propio de gestión de la investigación (madri+d), y una red propia de siete centros de enfoque tecnológico, los IMDEA. Además de esta importante masa crítica, la Comunidad de Madrid presenta un nivel elevado de inversión en I+D+i (el segundo más alto del país en 2020 entre pública y privada). 

Sin embargo, el volumen de inversión en I+D+i del gobierno regional es limitado, el alcance y la implantación del sistema de gestión madri+d son reducidos, y la infraestructura propia de I+D+i está menos desarrollada que en otras Comunidades que han hecho una apuesta más decidida por la innovación, como Cataluña o el País Vasco. Además, la inversión propia está casi exclusivamente orientada a centros tecnológicos (como la red de institutos IMDEA) y a fomentar la participación empresarial. Esta política regional tiene unos resultados muy desiguales y que revelan muy poca eficiencia: Madrid cuenta con menos empresas innovadoras que otras CCAA y los IMDEA presentan un desempeño muy modesto comparado con otros institutos dedicados exclusivamente a la investigación, con la honrosa excepción del Instituto de Nanociencia, seleccionado como uno de los Centros de Excelencia Severo Ochoa. 

En resumen, la producción científica de Madrid es más elevada que la de otras CCAA gracias a que cuenta con una buena parte de la inversión estatal y una gran masa crítica, todo ello como consecuencia del efecto capital y de la herencia de un sistema estatal y un desarrollo muy centralizados. Pero las limitaciones y la falta de transparencia de sus estructuras de gestión y la debilidad de su ecosistema de I+D+i le impiden aprovechar el potencial y las sinergias que pueden conllevar la elevada acumulación de capital humano e infraestructuras de investigación. El foco, necesario pero excesivo, en la innovación empresarial impide aprovechar adecuadamente el valor añadido que proporciona, de forma demostrada, un vínculo más robusto y ágil entre la investigación fundamental y el desarrollo e innovación tecnológica e industrial. 

Somos conscientes de que en los dos años de legislatura que restan después de las elecciones convocadas es difícil hacer cambios estructurales profundos en las políticas científicas de la CAM. Sin embargo, la oportunidad que surge de la confluencia de financiación (sobre todo, los fondos que la UE va a dedicar a la reconstrucción post-pandémica) y flexibilización normativa (de consolidarse el desarrollo de los cambios legislativos que están siendo introducidos por el gobierno central para mejorar el marco laboral y dinamizar los programas de ciencia de base e innovación) podría ser el catalizador de reformas que Madrid necesita para situarse en la punta de lanza del nuevo modelo de desarrollo que nuestro país necesita.

Por ello, en una serie de dos artículos presentamos un resumen de medidas realistas que permitirían un cambio efectivo en el tejido de I+D+i de Madrid. En este primer artículo nos ocupamos de las políticas orientadas a la gestión de centros y al apoyo de líneas de investigación, mientras que en el segundo nos centraremos en la mejora de las condiciones de trabajo de los académicos, investigadores, técnicos y gestores  de I+D+i, de manera que Madrid sea un destino realmente atractivo para desarrollar las carreras profesionales dentro de un sector en el que prima la inestabilidad y la precariedad laboral. 

Dentro de la gestión de centros y proyectos, proponemos tres conjuntos de medidas orientadas a los siguientes objetivos:

Aprovechar las sinergias potenciales entre centros de investigación, departamentos universitarios y empresas 

El primer paso, a corto plazo, sería mejorar el programa de proyectos sinérgicos de la Comunidad de Madrid y enfocarlo en facilitar la creación de redes transversales realmente funcionales sobre líneas de investigación prioritarias para Madrid. El programa actual de proyectos sinérgicos tiene un alcance muy limitado y requeriría una planificación estratégica, mucha mayor dotación, una reducción de la carga burocrática y una evaluación eficaz del desempeño. Para aprovechar la gran cantidad de sinergias potenciales entre diferentes grupos de investigación de la CAM, además, sería importante reorientar la misión de algunos IMDEA y ciertas secciones de madri+d, enfocándolos en la creación de redes intersectoriales y público-privadas, dotándoles de financiación para desarrollar las actividades de knowledge broking (reuniones, talleres y proyectos exploratorios) necesarias, y con un presupuesto estructural para contratar personal administrativo que facilite la captación y gestión de proyectos internacionales. 

En este contexto, los IMDEA fueron una interesante apuesta de la CAM para situarse en el panorama científico internacional, que por desgracia ha tenido resultados desiguales. Parte de las sombras que oscurecen el funcionamiento de estos centros se debe a que su organización y gestión no se implementó a partir de procesos transparentes de selección de investigadores o gestores científicos de excelencia, por lo que la mayor parte de ellos son dirigidos por los investigadores que han sido más eficaces para llegar a los tomadores de decisiones, un rol que en Madrid está a menudo supeditado al perfil político. Reenfocar parte de su funcionamiento a la formación de redes efectivas de trabajo entre diferentes centros de I+D+i (universidades y OPIs) dentro y fuera de Madrid redundaría en una mejora de sus estructuras de gestión, sobre todo si estuviera acompañada de una renovación de sus órganos de gobierno. Este tipo de instituciones deberían, además, ampliar el abanico de eventos de transferencia del conocimiento y divulgación de la ciencia que desarrollan. Una fórmula clásica es, por ejemplo, la organización de seminarios internacionales, impartidos en inglés, en los que invitar a grandes referentes en cada campo y en los que puedan participar, además de investigadores de distintos países, docentes, doctores y doctorandos de los centros madrileños.

Mejorar la actividad científica existente favoreciendo el uso compartido de equipamiento y la colaboración entre grupos

Un primer paso, a corto plazo, sería facilitar el uso compartido de grandes equipos e instalaciones. Para conseguirlo, proponemos constituir una “agencia” o “consorcio regional” para el uso compartido de equipos, a partir de la Red de Laboratorios e Infraestructuras ya existente. La ciencia de excelencia requiere del uso creciente de tecnología y técnicas cada vez más complejas, que exceden rápidamente las capacidades de un solo grupo de trabajo. Esta agencia o consorcio contaría con personal de administración propio, y mantendría una base de datos de equipamientos disponibles a la que los investigadores puedan acceder para realizar y completar sus experimentos de forma rápida, transparente y competitiva. Además, podría actuar como un aglutinador de instalaciones compartidas en un único consorcio regional, lo que permitiría adquirir y mantener instalaciones o equipos muy costosos y utilizarlos de manera compartida, independientemente de que éstos se emplazaran en Universidades, OPIs, o IMDEAs. Además de potenciar la capacidad técnica, esta medida fomentaría la creación de redes entre los distintos equipos de investigación, favoreciendo la cooperación entre grupos, la multidisciplinariedad y las sinergias entre éstos. Esta cooperación entre grupos de I+D+i permitiría gestionar misiones de investigación multidisciplinares y construir ecosistemas de colaboración público-privada en áreas de interés prioritario para la CAM, financiadas con subvenciones (no préstamos) sometidas a rendición estricta de cuentas en base a resultados, financiación y gestión compartida de patentes, implicando una incubadora de empresas para su desarrollo.

Flexibilizar y racionalizar la ejecución del gasto mediante la eliminación de barreras burocráticas 

Para avanzar en este objetivo que deriva de un control excesivo del gasto y bloquea el desarrollo de la investigación pública, la transferencia de resultados y el desarrollo de patentes, un primer paso sería la creación de una empresa pública de gestión de I+D en la que participen universidades y OPIs. Esta propuesta trasciende el límite temporal de la legislatura regional que queda; sin embargo, sentar sus bases tendría un gran potencial de transformación. Una de las limitaciones más importantes de la I+D+i pública en España en general y en Madrid en particular es la poca capacidad de gestionar y retener dentro del sector público tanto sus servicios técnicos como sus productos en forma de patentes o transferencia de tecnología. Esto obliga a muchos grupos a externalizar tareas técnicas complejas, como la secuenciación genética, enviándolas muchas veces a empresas de otros países que ofrecen precios más competitivos. Muchos centros madrileños tienen capacidad de ofrecer estos servicios especializados, pero la legislación fomenta que tengan que hacerlo mediante la creación de empresas de tipo spin-off en las que la administración pública no puede ostentar más allá de un porcentaje minoritario. Lo mismo ocurre con la explotación de las patentes generadas por organismos públicos, que habitualmente se realiza por spin-offs, empresas co-desarrolladoras, o compañías no involucradas en su desarrollo.  

La creación de una empresa pública (que puede visualizarse como una “super spin-off”) permitiría tanto gestionar dichas patentes como ofrecer servicios especializados a instituciones públicas y agentes privados También permitiría otorgar valor añadido a los servicios realizados mediante la cooperación con distintos grupos de investigación y fomentaría la creación de empleo de calidad. Además, en combinación con el consorcio propuesto anteriormente, esta empresa pública permitiría crear o atraer grandes infraestructuras y grupos de referencia internacional, que se aprovecharían de las sinergias generadas por el ecosistema diverso y de gran tamaño de ciencia e innovación que existente en Madrid. 

Una empresa pública de este tipo permitiría enfrentarse rápida y ágilmente a circunstancias de emergencia como las derivadas de la pandemia de COVID-19, movilizando recursos de gran parte del sistema de I+D+i de manera coordinada para tareas urgentes o coyunturales. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del desarrollo de vacunas para la COVID-19, que ha sido mucho más lento que en otras regiones de nuestro entorno debido a las enormes debilidades de nuestro sistema de I+D+i. Sería útil, además, para acciones de interés social que requieran un elevado grado de especialización técnica e innovación, como el uso forense (por ejemplo, el análisis genético de muestras biológicas procedentes de fosas comunes en cumplimiento de las leyes de memoria histórica), el diagnóstico médico, la seguridad alimentaria o las pruebas de parentesco. Disponer de este recurso público no solo permitiría nivel más adecuado de aprovechamiento social del sistema de ciencia e innovación, sino que permitiría equilibrar las arcas públicas y la reinversión en mejores servicios para los ciudadanos al recuperar una fracción mayor de la inversión a través de los beneficios económicos de este aprovechamiento. 

Algunas de estas medidas propuestas requieren un esfuerzo presupuestario considerable, algo inevitable tras décadas de desinversión en los servicios públicos de la CAM. Otras, sin embargo, solo necesitan de la voluntad de las administraciones para agilizar sus normas, mejorar sus procedimientos y reducir la sobrecarga burocrática que actualmente asfixia la ejecución del magro presupuesto disponible. Asegurarse de que el gasto se asigna y justifica en base al desempeño es también algo que requiere tan solo voluntad política. Presentamos esta primera relación de medidas con la esperanza de que trasciendan a las ideologías y lleguen a inspirar al gobierno que sea elegido el próximo 4 de mayo. Eso es, al fin y al cabo, lo que de verdad importa.

La Comunidad de Madrid se jacta de ser el motor económico de España. Sin embargo, eso no se debe a su capacidad de generar y mantener actividades de gran valor añadido, sino simplemente a una gran concentración de instituciones públicas y de masa crítica empresarial (el efecto sede), así como a políticas de dumping fiscal que atraen capital y generan desigualdad a nivel nacional. 

El panorama en el ámbito de la investigación y la innovación es similar. A pesar de albergar sólo el 14% de la población del país, Madrid cuenta con seis universidades públicas y 12 privadas (el 21%), 35 de los 120 centros del CSIC (el 29%), una larga lista de Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como el CNIO, el INIA, el CEDEX, el Instituto Carlos III o el CIEMAT, un sistema propio de gestión de la investigación (madri+d), y una red propia de siete centros de enfoque tecnológico, los IMDEA. Además de esta importante masa crítica, la Comunidad de Madrid presenta un nivel elevado de inversión en I+D+i (el segundo más alto del país en 2020 entre pública y privada).