“Paralización alarmante” de las ayudas sociales contra la pobreza y la exclusión social por falta de presupuesto

“Paralización alarmante” de las ayudas sociales contra la pobreza y la exclusión social por falta de presupuesto 

La Junta ha “cerrado” en 2019 la partida para nuevas ayudas sociales debido a la subida del salario mínimo

Los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha no están nada satisfechos con la deriva de la gestión de su sector que el Gobierno regional está realizando. El Colegio Oficial de Trabajo social de esta comunidad autónoma ha hecho público un duro comunicado dirigido a sus colegiados donde denuncia múltiples carencias en la gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), en las políticas de Dependencia y en la Ayuda a Domicilio, entre otras cuestiones. Ante todo, han denunciado la falta de presupuestos y de planificación, y una intervención social realizada a base de “parches y beneficiencia”.

Este colectivo profesional recuerda que ya en la segunda mitad del año pasado se produjo el “agotamiento” de la renta mínima regional, el Ingreso Mínimo  de  Solidaridad  (IMS) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), entre otros recursos. El Gobierno regional afirmó entonces que esta falta de presupuesto se había debido al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que las personas que así lo necesitaran contarían con esta renta en 2020.

Pero los trabajadores sociales, llegado el presente ejercicio, han visto “con estupor” cómo la intervención social sigue siendo “ineficaz” tras comprobar que la convocatoria del IMS y de las AES supone un recorte del 13% (de 15,4 millones de euros a 13,4 millones en el primer caso) y un 42% en el segundo (de 5,6 millones a 3,2 millones de euros). Además, explican que las cuantías del Ingreso Mínimo de Solidaridad serán un 3,85% más bajas que el año anterior para una sola persona con ingresos, y un 5,55% menos para una familia de cuatro miembros sin ingresos.

Dejar “en evidencia” el sistema de protección social

“Esto no hace otra cosa que dejar en evidencia el actual sistema de protección social ante situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Y nos hace preguntarnos: ¿qué respuesta se está dando a las familias y personas que se encuentran en esta situación? ¿Para qué una reconceptualización del IMS, de nuestra renta mínima, si no se ha previsto su proyección económica? ¿Cómo está priorizando el Gobierno regional la atención a las personas en situación de vulnerabilidad?”, esgrime el Colegio de Trabajo Social.

La cuestión va más allá. También denuncian los trabajadores y trabajadoras sociales un “estancamiento” en la cobertura de recursos sociales del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Detallan que en alguna provincia no se ha aumentado ni una plaza pública en cinco años en servicios de estancias diurnas y que no se está afrontando el problema en las zonas rurales vaciadas.

A este respecto, piden servicios de proximidad que eviten que los mayores y dependientes tengan que irse a residencias porque no pueden ser atendidos y recuerdan que el SAD crea empleo sostenible y que desatenderlo supone una “doble sangría” en un una región despoblada como Castilla-La Mancha.

Prestaciones “low cost”

También apuntan cómo se están reduciendo las listas de espera con prestaciones “low coast” como es la teleasistencia , afirmación también apoyada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “Muchos de nuestros colegiados y colegiadas expresan su malestar porque no se tiene en cuenta a los profesionales a la hora de diseñar la ubicación de los recursos ni en la planificación de puesta en marcha de programas, y muchas veces parece que priman criterios políticos por encima de los técnicos”.

Por todo ello, el Colegio considera necesario apostar por recursos que ayuden a nuestra tierra a salir “de los últimos puestos en pobreza y riesgo de exclusión” y para eso los Presupuestos “tienen que demostrar que se quiera estar a la vanguardia de esa lucha”. Concluyen que un presupuesto “escaso y menguante” convierte la intervención social en “parche y beneficencia” al albur de la disponibilidad o no de fondos económicos.

“Esto es letal para nuestra tierra y cronifica  panoramas como los que describía el relator de la ONU. Exigimos más medios para  la gente en situación precaria o en riesgo de exclusión, es nuestro deber inexcusable ya que forma parte del imperativo ético de nuestra profesión”.