El equipo de Gobierno de la Vall d'Uixó (Castellón) considera que el exalcalde y diputado del PP en el Congreso, Óscar Clavell, permitió a terceros utilizar un nombre falso para un entierro inexistente y favorecer a terceras personas con la ubicación del nicho.
El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha abierto este lunes el nicho número 46 del cementerio municipal y los técnicos han comprobado que está vacío. La lápida que lo cubría lleva fecha del 11 de agosto de 2014 y estaba a nombre de Aitor Iureta Oteiza, una identidad que, según el Ayuntamiento, no consta en los registros del Instituto Nacional de Estadística.
El equipo de Gobierno, con el PSOE a la cabeza, inició en 2016 un expediente que ha culminado este jueves con la apertura de la tumba y concluyó que el actual diputado en el Congreso del PP Óscar Clavell, entonces alcalde, “dio la orden de hacer este falso enterramiento para sacar un supuesto beneficio electoral”, según la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé. El supuesto beneficio se encontraría en que terceras personas tendrían un nicho más accesible para enterrar a sus muertos, a ras de suelo.
El equipo de gobierno, ante las sospechas que la situación le generaba, inició un expediente averiguatorio con la citación de enterradores, el departamento de Sanidad que tramita las defunciones y del exalcalde, -al que acusan de no haber “abierto la boca” para dar explicaciones-, tras el que concluyeron que el nicho estaba vacío, según recoge Europa Press y han constatado este lunes.
Las averiguaciones llevaron al equipo de Gobierno a denunciar a Fiscalía, que archivó por falta de documentación, y al juzgado, que consideró que las autorizaciones de enterramiento eran “sin lugar a dudas” nulas de pleno derecho por dictarse prescindiendo del procedimiento de adjudicación por orden correlativo. No obstante, el juzgado entendió que no alcanzaban la gravedad exigida “al margen de la situación grotesca de la invención de un nombre falso de enterramiento en el nicho 46, para ocultar la irregularidad, entendiendo que el salto de un lugar de enterramiento a otro uno o dos puestos más abajo para comodidad de los familiares de un difunto puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente, pero sin que alcance la calificación de arbitrariedad flagrante” con la lesión de un derecho que merezca intervención penal, según han señalado fuentes municipales.
Con esta actuación irregular el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó dejó de ingresar 1.000 euros por la venta del nicho. Este hecho es “muy grave, no solo porque las administraciones públicas debemos garantizar los intereses de todos y no un interés particular, sino porque demuestra muy poco respeto por la ciudad y por la democracia”, dice la concejala.