La causa penal por los contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Crespo Gomar, la agencia de publicidad que montó todas las campañas del PSPV-PSOE entre 2001 y 2008, avanza. El Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid ha incoado diligencias previas en la causa remitida por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación.
En el marco de esta investigación, según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado ha llamado a declarar en calidad de investigados, el próximo jueves 11 de mayo, a partir de las 10:00 horas, a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación.
Una vez descartado el presunto delito electoral por parte del juzgado de Instrucción 21 de Valencia por estar prescrito y en el que también habría indicios sobre el Bloc y sus trabajos con Crespo Gomar en la campaña para las municipales de 2007, un juzgado de Gandia, otro de Benidorm y dos de Madrid indagan en presuntos delitos de malversación y prevaricación por varias adjudicaciones públicas.
Como ha venido contando eldiario.es, tanto el PSPV como el Bloc han realizado sendas investigaciones internas que han concluido que no existió financiación ilegal pero sí han reconocido la pérdida de las facturas clave o una deficiente gestión en la contabilidad. El que fuera director de campaña del Bloc en 2007, Lluis Miquel Campos, se ha apartado hasta que declare ante el Senado en la Comisión de Investigación para la financiación de partidos impulsada solo por el PP.
Crespo Gomar fue la empresa de publicidad de cabecera del PSPV de Ignasi Pla y sobre ella pesan las sospechas de que podría haber sido una empresa instrumental para incrementar y poder gastar más recursos electorales de los permitidos por ley. Esta máxima no se podrá indagar al estar prescrito el delito electoral, aunque en el caso de Benidorm, existen correos electrónicos más que comprometedores sobre miembros del PSPV local y del gobieno municipal del socialista Agustín Navarro.
Eso sí, la empresa de Gandia Crespo Gomar tendrá que aclarar en cuatro juzgados algunas de las adjudicaciones que le hicieron los gobiernos socialistas de Gandia, Benidorm y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.