Suma y sigue. Últimamente, a las arcas municipales de Calp se les va el dinero en los tribunales. Ahora, la magistrada del juzgado número 1 de lo Social de Benidorm ha emitido un auto fechado el pasado 12 de julio en el que condena al ayuntamiento, gestionado por el PP, a pagar 208.400 euros más a nueve de los catorce trabajadores que fueron despedidos por el consistorio hace ya seis años en conceptos de indemnizaciones y salarios de tramitación. En total, el municipio ha tenido que compensar a esos antiguos funcionarios con cerca de un millón de euros del dinero de todos los vecinos.
Es un caso que se arrastra desde hace una eternidad. Poco después de llegar al poder, en 2012, el actual alcalde, el popular César Sánchez, decretó el despido de 14 trabajadores con la excusa de que había que meterle mano al déficit municipal. La oposición criticó que detrás de aquella decisión había argumentos políticos, una especie de caza de brujas. Lo cierto es que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en enero de 2017 consideró que la decisión del gabinete de Sánchez no se ajustaba a derecho. Y obligaba a readmitir a los empleados tras declarar nulo aquellos despidos.
Después, se produjo una rocambolesca historia. En febrero del pasado año, el gobierno de Sánchez decidió readmitir a los funcionarios pero un par de semanas más tarde, en marzo de 201, volvió a despedir a nueve de ellos tras comunicarles que sus servicios ya no eran necesarios.
A partir de entonces, los ya extrabajadores han pasado un largo calvario para poder percibir las indemnizaciones a las que tenían derecho según la sentencia del Supremo, que el ayuntamiento siempre ha sido reacio a cumplir. Aún así, desde mayo de 2017 el consistorio ya les ha tenido que abonar 600.000 euros, a los que hay que sumar 160.000 más por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Pero todavía había cuentas pendientes entre el gobierno local y los trabajadores y en ese auto del 12 de julio, todavía recurrible, la magistrada ha fijado al fin la cantidad específica que deben percibir del consistorio calpino tras declarar definitivamente extinguida la relación laboral entre ambas partes: 72.200 euros en concepto de indemnizaciones y 136.200 en lo que respecta a los salarios de tramitación.
Ambas cifras suman los 208.400 euros que deberán ser abonados a los antiguos empleados municipales. Y si se suman a las cantidades anteriormente indicadas desde la sentencia del Supremo, resulta que la controvertida decisión asumida hace seis años por el ejecutivo del PP de echar a la calle a aquellos trabajadores le ha costado ya a la población cerca de un millón de euros. 960.000 para ser más exactos.
Segunda condena en apenas una semana. Es por cierto el segundo varapalo reciente que recibe Calp en los tribunales después de que la pasada semana otra sentencia condenara al ayuntamiento a una multa de diez mil euros, en este caso por un episodio de acoso laboral.