Un total de 833 docentes no se han incorporado a los centros educativos valencianos a consecuencia de la suspensión de los acuerdos de plantillas por parte del Gobierno autonómico de Carlos Mazón. La cifra se desprende de un informe firmado por la directora general de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Sonia Sancho, dirigido a la Abogacía de la Generalitat tras la estimación por parte de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) del recurso del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià contra la denuncia del departamento que dirige el popular José Antonio Rovira de los acuerdos suscritos con los sindicatos en junio de 2023, durante la anterior etapa del Pacte del Botànic, en la Mesa Sectorial de Educación y contra las instrucciones de la conselleria aprobadas el pasado mes de junio para la definición de las plantillas de profesorado en los centros educativos. Una suspensión cautelar que la alto cargo anunció que sería recurrida al considerar que la nueva instrucción del Ejecutivo valenciano introduce mejoras necesarias en el ámbito educativo y supone una “redistribución de los recursos”.
La estimación del recurso, que el departamento autonómico de Educación prevé “gravoso”, incluiría la contratación de un total de 833 docentes. Según detalla el informe de Sonia Sancho, en centros de Infantil y Primaria con ocho o más unidades serían 183 puestos de trabajo mientras que en centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional serían 52 puestos en codocencia; 89 en coordinación y cargos directivos; 119 en en orientación educativa; 86 en coordinación de ciclos formativos; 152 de desdoblamiento en 4º y 4º de ESO, y 152 para tutorías.
El informe de la dirección general de Personal Docente, según el STEPV, asegura que “son gravosos los perjuicios que se producirían en el ámbito educativo, en el supuesto de estimar la medida cautelar solicitada”.
El sindicato alerta de que los puestos contemplados en el acuerdo inicial resultan fundamentales para “combatir la ingente burocracia” en materia de tutorías, coordinación y horas de equipos directivos, y para “atender en mejores condiciones” al alumnado, con profesorado de orientación, horas de desdoblamiento y refuerzos.
Además, el STEPV ha detectado que la Conselleria de Educación ni siquiera aplicó el incremento de plantillas para el curso 2023/2024 en sus primeros presupuestos autonómicos, a pesar de que los acuerdos con los sindicatos, heredados del Pacte del Botànic, aún no habían sido anulados.
Se trata de un hecho “extremadamente grave”, a juicio del sindicato. “El Gobierno valenciano ya tenía previsto no aplicar los acuerdos cuando aún estaban en vigor y muchos meses antes de anularlos formalmente”.