El Puerto de València aprueba su polémica ampliación con la oposición del alcalde y sin que puedan votar los representantes de la Generalitat
La Generalitat Valenciana no ha expresado posición alguna en un asunto tan importante y que tanto debate ha suscitado como la ampliación norte del Puerto de València. Mientras el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, se ha opuesto con su voto a la ampliación, el Gobierno valenciano se ha 'borrado' de la votación al no poder participar en la misma porque no había renovado a sus representantes.
El motivo es que aún no ha nombrado a cuatro nuevos representantes en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), por lo que no participó en la votación de este viernes sobre la “selección de oferta del concurso público y continuación de la tramitación prevista para el otorgamiento de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores”.
Un punto de gran importancia puesto que significa el inicio de la tramitación para adjudicar la infraestructura a la naviera MSC, con una inversión prevista de 1.200 millones de euros.
Pese a que el Gobierno valenciano no se podía pronunciar al respecto, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, llevó el punto al orden del día y se sometió a votación.
Los cuatro representantes de la Generalitat en el consejo del Puerto eran hasta ahora los empresarios Salvador Navarro, de la CEV, y Vicente Boluda, de AVE, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero y el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira. Algunos de ellos acudieron al consejo invitados por el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, y al menos Boira no acudió. Ninguno de ellos pudo votar.
De los 10 miembros con derecho a voto, tan solo el alcalde de València, Joan Ribó votó en contra al considerar imprescindible la tramitación de un nuevo informe ambiental que sustituya al del año 2007, ante los sustanciales cambios que ha sufrido el proyecto original.
Entre ellos, destaca el traslado de la terminal de cruceros a los astilleros de Boluda, la eliminación de un contradique y la prolongación de 500 metros el actual dique de abrigo., además del cambio de configuración del muelle de contenedores, que requerirá cuatro millones más de metros cúbicos de material de relleno de los que establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007.
Tal y como explicó Ribó, el Ayuntamiento no se pronuncia sobre la ejecución del proyecto, pero como alcalde tiene la obligación de exigir que se haga con todas las garantías legales y medioambientales posibles, lo que a su juicio implica la realización de una nueva DIA que garantice que no va a haber afecciones en las playas del entorno y que establezca mecanismos correctores en caso de existir algún posible impacto.
El primer edil propuso, sin éxito, que se paralizara la adjudicación hasta que el Ministerio de Transición Ecológica se pronunciara sobre la necesidad de una nueva DIA y aseguró que si el departamento ministerial lo descartara, no habría nada más que decir.
Ribó argumentó que la petición de la nueva evaluación ambiental está sustentada por un informe jurídico del Ayuntamiento que, como ha avanzado eldiario.es, considera que los cambios en el proyecto son lo suficientemente sustanciales a nivel de impacto paisajístico y ambiental.
El documento considera además que sin la nueva DIA al Ayuntamiento se le priva de la posibilidad de presentar alegaciones sobre los posibles impactos ambientales.
Al respecto, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, explicó que los informes técnicos que pidieron antes de sacar el concurso para la ampliación decían que la modificación del proyecto era “factible” ya que “consumía menos materiales que en la ubicación anterior”, así como que el nuevo proyecto se seguiría construyendo en los diques de abrigo que ya están realizados.
Por ello, indicaron que el nuevo proyecto “no incumple ninguno de los supuestos” que, según la Ley de Evaluación Ambiental, requieren la realización de una nueva DIA.
El director de la APV, Francesc Sánchez, añadió que “si estos procesos --la declaración de impacto ambiental-- fueran muy rápidos”, probablemente “no tendrían ningún problema en realizarlo aunque legalmente no fuera obligatorio”, pero recordó que la DIA para una ampliación del puerto de Sagunt tardó seis años y que este retraso pondría en serio riesgo la inversión de 1.200 millones de la naviera MSC.
El hecho es que el Puerto de Valencia ha aprobado un proyecto que levanta mucha polémica con la oposición del alcalde de la ciudad y sin que pudieran votar los representantes de la Generalitat Valenciana.
