El aeropuerto de Castellón cumplirá el próximo martes tres años desde que se inauguró, sin que todavía ningún avión haya pasado por su única pista y sin una fecha concreta para su puesta en funcionamiento.
Si bien en los últimos seis meses se ha resuelto la adjudicación de un contrato para la gestión privada de la infraestructura, la fecha concreta y la ruta que tendrá el primer vuelo aún siguen siendo una incógnita.
El 25 de marzo de 2011, el entonces presidente de la Diputación de Castellón, del PP provincial y de la empresa pública promotora del aeropuerto Aerocas, Carlos Fabra, inauguró de la mano del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una infraestructura que ya estuvo marcada por la polémica y los retrasos desde su inicio.
Ante la mirada atenta de más de 1.500 personas llegadas en autobuses desde todos los rincones de la provincia, Fabra exclamó: “hoy empieza la transformación socieconómica de Castellón”, y manifestó que se había inaugurado un aeropuerto “para las personas”.
En su intervención después de que el obispo de Castellón Casimiro López bendijera las instalaciones, Camps tildó a Fabra, de “visionario” y de ser el “autor intelectual” del proyecto.
El aeropuerto de Castellón comenzó entonces a cobrar protagonismo en los medios, ya que se inauguró sin haber obtenido las certificaciones ni los permisos de AENA necesarios para operar, algunos de los cuales todavía se están tramitando.
La empresa que entonces era la concesionaria de las instalaciones, y que fue la encargada de realizar la obra, Concesiones Aeroportuarias, intentó, poco después de su inauguración, organizar visitas guiadas organizadas por el aeródromo, pero la Junta Electoral Provincial las prohibió, dada la proximidad de las elecciones.
Poco después, las desavenencias entre Aerocas y Concesiones Aeroportuarias, que firmaron su colaboración en 2003, llegaron a su cenit y la Generalitat decidió romper el contrato con la empresa.
Tuvo que ser el juzgado el que resolviera en septiembre de 2013 que la sociedad pública Aerocas, participada mayoritariamente por la Generalitat valenciana, debía abonar 120 millones a la empresa Concesiones Aeroportuarias por la obra ya ejecutada en el aeropuerto de Castellón.
Pero mientras tanto, desde su inauguración hasta hoy el aeropuerto se ha hecho famoso además por otras historias que poco tienen que ver con el mundo de la aviación.
El ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que las previsiones de entrada de turistas por el aeropuerto de Castellón eran del “0,01 por ciento”, ya que no descartaba que “algún turista curioso o despistado, atraído por la España de charanga y pandereta”, se acercara a él.
En abril de 2011 un grupo de personas convocó a través de la red social Facebook, una “rave” para protestar por un aeropuerto “sin aviones”.
Bajo un sol abrasador, en julio de 2012 se vio el primer avión en las inmediaciones del aeropuerto, pero no fue más que el remate de la escultura que el artista castellonense Joan Ripollés, amigo de Carlos Fabra, instaló en la rotonda de acceso, la cual tuvo su polémica particular ya que muchos encontraron un parecido entre alguna de las caras que se reflejan en el monumento y el propio Fabra.
En enero de 2013 el PSPV alertó de que parecía que un vehículo circulaba a gran velocidad por la pista de despegue, pero no era un avión.
Se trataba de un coche del equipo alemán HWA AMG de Mercedes, que realizó en las instalaciones pruebas aerodinámicas, en una decisión autorizada por su presidente, Carlos Fabra, aunque poco después la Generalitat aseguró que no habría más pruebas de este tipo.
Mientras el aeropuerto continuaba sin operar, Carlos Fabra anunció en marzo de 2013 que un grupo empresarial hispano-libio tenía intención de comprar el aeropuerto, pero finalmente no depositó el aval para formalizar la oferta.
Después de que Carlos Fabra dejara todos sus cargos públicos al decretarse la apertura de juicio oral contra él en una causa por la que finalmente fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, el Consell tomó las riendas de la gestión de la infraestructura.
Tras la adjudicación a la empresa canadiense SNC-Lavalin para la explotación de la infraestructura para los próximos 20 años, ahora la otra finalista en el proceso de selección, Gesnaer, ha anunciado que podría presentar un recurso, algo que retrasaría la firma del contrato.
Sin embargo, desde el Consell se confía en que ese posible recurso se resuelva en un plazo de 30 días, y que en unos cinco meses se pueda poner en marcha la infraestructura.