El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó, el 31 de mayo de 2021, la prórroga de la concesión del aparcamiento subterráneo del Parque de l'Aigüera. La decisión salió adelante con los votos del PP, cuyo alcalde Toni Pérez es el actual presidente de la Diputación de Alicante. El PSPV-PSOE y Ciudadanos votaron en contra. De hecho, la formación naranja denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude la prórroga de la concesión al considerar que se trataba de un “negocio redondo para la empresa de siempre”, en referencia a FCC (encargada de la gestión del aparcamiento y también del contrato de recogida de basuras de la ciudad). Antifraude ha concluido tras estudiar la documentación que existen indicios de un presunto fraude ley. La agencia ha calculado el perjuicio a las arcas en más de 600.000 euros.
El organismo que dirige Joan Llinares también ha advertido de la situación al Tribunal de Cuentas “por si de las irregularidades apreciadas pudiera derivarse un menoscabo de los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance”.
El contrato de concesión del aparcamiento, con una duración de 30 años, se remonta a 1990. El 24 de febrero de 2020 se acordó la gestión directa del servicio por parte del consistorio. Sin embrago, algo más de un año más tarde (el 31 de mayo de 2021), el pleno municipal aprobó con los votos del PP la continuidad de la explotación por parte de FCC durante otro ejercicio. Todo ello a pesar de que no se motivó “debidamente” la excepcionalidad en razones de interés público.
Antifraude concluye que la decisión supuso una alteración de las condiciones iniciales de la licitación. Al haber prolongado la concesión más allá de plazo establecido originalmente, se vulneraron los principios de igualdad de trato entre empresas y de libre concurrencia en el marco de la contratación pública. La prórroga, asegura la Agencia Valenciana Antifraude, “equivaldría a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia”. Además, hubo una “ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”, agrega el informe.
La prórroga, a juicio de Antifraude, comportaría una ruptura del equilibrio económico financiero inicial y encubriría una modificación contractual. Así, el consistorio debió compensar al contratista los gastos por la continuación de la prestación. Una “lesión a la Hacienda pública” que Antifraude cifra en unos 603.192,40 euros (se trata del cálculo de los ingresos recaudados por la mercantil sobre los gastos soportados).
Entre la documentación analizada por Antifraude consta un informe del tesorero del Ayuntamiento de Benidorm de cuyo contenido “se desprendería la existencia de eficiencias en la gestión económica-financiera” de la concesión “con riesgo potencial de causar perjuicios a la hacienda municipal”.
Sin alegaciones del Ayuntamiento de Benidorm
El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, no planteó alegaciones a la conclusiones provisionales de la Agencia Antifraude, a diferencia de la empresa concesionaria (todas rechazadas).
El informe recomienda al consistorio el “oportuno” procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de prórroga adoptado por el pleno municipal y “sin perjuicio de las exigencias que pudieran derivarse de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas”.
Por otro lado, también recomienda que se acuerde la nulidad y que se instruya un expediente para la exigencia del reintegro de “ingresos indebidos recibidos por la concesionaria por el importe que no se incluya dentro de la indemnización derivada de la nulidad” que se establezca por el Consell Jurídic Consultiu.
El pasado 2 de febrero, el Ayuntamiento de Benidorm recuperó finalmente la gestión del aparcamiento después de más de 30 años. Sus tarifas descendieron y la ocupación media de vehículos aumentó, según cifras de la concejalía de Movilidad.