El letrado José Luis Vera, uno de los principales investigados en el 'caso Azud', cobró “incorrectamente” 36.426 euros de complemento por desplazamiento como director de los servicios jurídicos y de transparencia de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, según ha concluido un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA).
El organismo que dirige Joan Llinares, tras comprobar los certificados oficiales de empadronamiento, ha pedido a la institución provincial que proceda a instruir los expedientes para valorar la exigencias de posibles responsabilidades a las autoridades que han intervenido en los pagos y que han implicado un “abono de cantidades indebidas” en concepto de complemento de desplazamiento.
Antifraude ha acreditado que el domicilio habitual designado por José Luis Vera en su contrato con Divalterra “no sería correcto”. Idéntica observación formula la agencia sobre el complemento de desplazamiento de la antigua cogerente de la empresa pública, Agustina Brines, de Compromís, a la que se abonó “incorrectamente” una cuantía de 4.786 euros.
Así, la AVA considera que se han producido “conductas y actividades reprochables por ser contrarias a la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia, a la probidad, a la integridad, a la ética pública y al buen gobierno”. Además, también reseña “gastos superfluos e innecesarios de fondos de procedencia pública”, aunque sin infracción penal alguna.
La denuncia sobre los abonos a Vera se produjo en el contexto de los enfrentamientos internos en la empresa pública, tras la dimisión de su entonces gerente, Víctor Sahuquillo, por los gastos en bebidas alcohólicas que cargó en la tarjeta de la empresa. Divalterra fue el epicentro de la supuesta trama del 'caso Alqueria' por la contratación de cargos de alta dirección vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís.
Las auditorías que ha analizado la AVA sobre las anualidades correspondientes a 2018 y 2019 ponen en entredicho la legalidad de los complementos de desplazamiento y de incapacidad temporal y el derecho a su percepción en periodos de baja laboral, como era el caso de Vera. Ambas cláusulas, recuerda el informe, se incluyeron en ciertos contratos de alta dirección a partir del cambio en los órganos de dirección de Divalterra en 2015, cuando el PP perdió el control de la empresa pública y el PSPV-PSOE y Compromís tomaron los órganos de gobierno.
José Luis Vera fue uno de los principales colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción en la instrucción del 'caso Alquería', que se cobró la dimisión del presidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y cuyo juicio oral se inicia este próximo mes de septiembre. Mientras, el Ministerio Público investigaba en paralelo la presunta trama de corrupción del 'caso Azud', en la que Vera se ha revelado como un supuesto conseguidor ante ayuntamientos socialistas para proyectos urbanísticos del empresario Jaime Febrer.
La empresa pública Imelsa —antigua denominación de Divalterra— también fue el epicentro en época del PP de la presunta trama de corrupción investigada en el marco del 'caso Taula', una instrucción con una decena de piezas separadas. Ante el cúmulo de despropósitos en la mercantil pública, el actual presidente de institución provincial, Toni Gaspar, liquidó el pasado junio Divalterra tras 33 años de trayectoria.