El arquitecto contratado por la trama del 'caso Azud' para un proyecto urbanístico en Burjassot también redactaba el PGOU

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la jueza instructora del 'caso Azud', ha detectado irregularidades contrarias a la normativa tras analizar el proyecto urbanístico que el empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa, pretendía llevar a cabo con el Grupo Eroski en el Programa de Actuación Integrada (PAI) La Capella de Burjassot. La presunta trama impulsó un proyecto urbanístico, finalmente fallido, con un arquitecto contratado que, al mismo tiempo, se encargaba de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de la comarca de l'Horta Nord.

El empresario Pere Mayor, exdirigente del Bloc Nacionalista Valencià, pactó a través de su empresa Gamellons 59 SL una comisión de más de 12 millones de euros, que no llegó a cobrar. Mayor, cuando este diario informó de los detalles del proyecto contenido en el sumario del 'caso Azud', limitó su labor a la “intermediación” y alegó que la operación era “pública”.

En 2008, la consultora de Pere Mayor, que no figura como investigado en la causa, firmó con una empresa de Febrer un contrato de arrendamiento de servicios para la mediación, asesoramiento y coordinación entre las administraciones. La comisión prevista suponía casi el doble que el gasto para la compra de los terrenos. A tenor de la documentación analizada por Antifraude, el beneficio neto previsto, después de impuestos, era de 22,2 millones de euros (sin contar los beneficios posteriores por la explotación del centro comercial) mientras que la comisión para Mayor le hubiera supuesto unos ingresos de 12 millones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reseñó una reunión entre Pere Mayor; José Miguel Cubero, representante de Eroski; el entonces concejal socialista de Urbanismo, José Ruiz, y dos ediles de la oposición, Jordi Sebastià y Emili Altur. También los regalos que recibió el concejal José Ruiz por parte de Jaime Febrer (unos gemelos y billetes de lotería, según se desprende del sumario). Un encuentro tas el cual, según la jueza instructora, fructificó el acuerdo de llevar a cabo un proyecto de convenio urbanístico.

El informe de la AVA, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que el convenio urbanístico entre Construcciones Valencia Constitución SL, Alcamuga SA (del Grupo Eroski) y el Ayuntamiento de Burjassot, formalizado en 2009 durante el mandato del alcalde socialista José Luis Andrés Cahavarrías, contradecía el planeamiento en vigor —una reglamentación “de carácter imperativo”— y condicionaba el ejercicio de las potestades urbanísticas futuras. “Ello puesto que se somete a información pública y se aprueba con carácter previo y no simultáneo o posterior al correspondiente instrumento de planeamiento o gestión urbanística; en contra de lo recogido en la normativa de aplicación”, afirma el informe.

La justificación del convenio aludía a la creciente demanda de suelo donde instalar un importante centro comercial y de negocios, aunque Antifraude destaca una “contradicción”. “Para justificar su uso terciario se indica que el sector se encuentra próximo para justificar la falta de idoneidad de uso agrícola, se indica que el sector se encuentra alejado del núcleo urbano”, reza el informe de Antifraude, que también reprocha que no se acreditara “con datos” la creciente demanda de suelo y recuerda que la firma de Febrer fue la única que se presentó al concurso del PAI.

A pesar de que la única vía para llevar a cabo el objeto del convenio era la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los servicios técnicos “no son claros a la hora de indicar el instrumento oportuno”: en unos casos aluden a la revisión del plan y, en otros, a su modificación (a través de un plan parcial). “En consecuencia”, sostiene el informe, “no podía presentarse ni tramitarse un PAI, junto con un plan parcial que reclasificase los terrenos, de forma inmediata”.

Así, el proyecto “prejuzga” el contenido del futuro PGOU, concluye la Agencia Antifraude. Se estaban alterando, advierte el informe, las “determinaciones” del plan general vigente de 1990, al establecerse como objeto del convenio la implantación de un centro comercial en suelo urbanizable terciario, a pesar de que el sector estaba clasificado como no urbanizable en el planeamiento entonces vigente.

A pesar de que el secretario municipal indicó en un informe que la modificación puntual del PGOU “no era una solución viable” (abogaba por la revisión del plan general), la técnico jurídica “en ningún caso emitió un informe desfavorable”. Simplemente indicó la inexistencia de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio, “pero no las implicaciones de ello”.

Los parámetros urbanísticos (superficie, índice de edificabilidad bruta, alturas o desafección del suelo) planteados por las entidades privadas interesadas en el proyecto fueron aceptados y aprobados por el Ayuntamiento de Burjassot “sin que se motiven en el expediente la adecuación de las mismas a la normativa aplicable y a las características del municipio y sector”, recuerda Antifraude, que también destaca las “ambigüedades” de los parámetros urbanísticos en los “parcos” informes técnicos que figuran en la documentación analizada.

Además, constaban alegaciones de una asociación vecinal sin que los informes técnicos las valoraran ni analizaran “de forma expresa”. La Associació de Veïns del carrer Blasco Ibáñez i adjacents de Burjassot no recibió la notificación formal del acuerdo del pleno municipal hasta un año y ocho meses después. Se trata, según Antifraude, de una irregularidad que produjo indefensión, dado que no pudo ser objeto de recurso. 

Por otro lado, el contrato de servicios para la elaboración de la redacción del PGOU de Burjassot fue adjudicado por el consistorio en 2009 a la firma CM Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente SL, que entregó el trabajo en apenas dos meses a pesar de su complejidad y de que “requiere de un amplio estudio previo”. En 2012, se aprobó la cesión de la adjudicación a Tama Estudio SLP tras el concurso, dos años antes, de la firma adjudicataria originalmente, lo cual suponía una causa de resolución del contrato. Antifraude considera que la cesión, que “no procedía en ningún caso”, fue nula de pleno derecho.

Conflicto de interés

El informe de la AVA también ha detectado la “participación conexa” de CM Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente SL tanto en el proyecto urbanístico de la presunta trama del 'caso Azud' como en la redacción del PGOU de Burjassot. El arquitecto Francisco José A. F. colaboró en la confección de la documentación relativa al PAI, a través de la promotora CVC, “al tiempo” que era redactor de la revisión del PGOU de Burjassot, lo cual supone una “influencia en el resultado de sus configuraciones” que “conlleva” un conflicto de interés, afirma Antifraude.

El informe asegura que existe un “interés financiero, económico o personal que compromete la objetividad, imparcialidad e independencia” del arquitecto. “La persona redactora de la revisión del PGOU (contratista de la administración) estaba facilitando información a un particular interesado en una actuación urbanística (el convenio), y en cuya redacción también había participado, al tiempo que indicaba que iba a acelerar el trámite de modificación del PGOU para dar cobertura a la actuación objeto del convenio, de interés particular”, abunda el informe.

Una situación, sostiene el informe, que “debería haberse evitado”, aunque no consta en ninguno de los expedientes analizados el informe de control interno preceptivo previo de la Intervención municipal, tal como marca la normativa.

A pesar de que el 29 de marzo de 2011 se aprobó provisionalmente la alternativa técnica del PAI presentada por la firma CVC, adjudicataria inicial de la condición de agente urbanizador, la propuesta de Plan Parcial modificativo de la empresa de Febrer fue finalmente denegada meses después por la Comisión Territorial de Urbanismo de València. En 2016, estando ya en concurso CVC, los terrenos fueron vendidos a otra empresa, incluyendo la cesión de la condición provisional de agente urbanizador. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Burjassot no tuvo conocimiento formal de la situación de concurso de la adjudicataria inicial hasta 2019 y no adoptó ninguna medida al respecto hasta 2021. Así, “en ningún caso” sería válida la cesión que debería haber sido previamente aprobada por el consistorio.

En todo caso, se daba causa de resolución no sólo por la “incapacidad legal sobrevenida” del urbanizador para el desempeño de su tarea sino por la denegación del PAI por la Comisión Territorial de Urbanismo de València, que hacía inviable su tramitación, al menos hasta la aprobación del texto refundido del PGOU por parte de la entonces Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, acaecida en 2019 con unos parámetros que “hacían incompatible” el desarrollo del proyecto urbanístico en los términos aprobados provisionalmente por el consistorio ocho años antes.