Dirigentes del Bloc y del PSPV se reunieron con la trama del 'caso Azud' para una operación urbanística en Burjassot que no prosperó

El empresario Pere Mayor, históricamente vinculado al Bloc Nacionalista Valencià hasta su salida de Compromís, y el actual director de relaciones externas del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Jordi Sebastià, se sentaron a la mesa en Burjassot con miembros de la trama del 'caso Azud'. El orden del día tenía un solo punto: el proyecto urbanístico que el empresario Jaime Febrer pretendía llevar a cabo con el Grupo Eroski en la localidad en la que Jordi Sebastià era concejal en la oposición. 

La trama pretendía la reclasificación de terrenos de no urbanizarles a urbanos de uso terciario para promover un centro comercial y de negocios con el Grupo Eroski en el PAI La Capella de Burjassot. El Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, y Eroski crearon una empresa conjunta de cara a conseguir un convenio con el Ayuntamiento de Burjassot para que el consistorio gobernado por el PSPV-PSOE asumiera las pretensiones del proyecto en materia de edificabilidad, altura y usos.

El Ayuntamiento de Burjassot era un objetivo “preferente” de la trama, en cuya lista de posibles pelotazos remarcaban al PSPV-PSOE como el partido que ha gobernado históricamente el consistorio. Mientras que los contratos bajo sospecha de José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, se circunscribían a Valencia, los de la empresa de José Luis Vera se expandían a todo el territorio valenciano.

Aunque el ambicioso proyecto no llegó a prosperar, el presunto conseguidor de la red movió sus hilos. Y es que el encargado de la mediación, en una primera fase, fue el abogado socialista José Luis Vera, que se llevó 150.000 euros por sus servicios, abonados antes de que moviera un dedo. Una vez conformada la joint venture entre la red de Azud y el Grupo Eroski, Vera desapareció de la escena. Las negociaciones pasaron a manos de Febrer y de José Miguel Cubero y Pere Mayor, histórico dirigente del Bloc Nacionalista Valencià, en representación del Grupo Eroski.

Así, en la reunión se sentaron a la mesa Pere Mayor, administrador de la mercantil Game Llons SL; José Miguel Cubero, por parte de Eroski; el concejal Jordi Sebastià, en la oposición en aquel entonces junto con el edil Emili Altur; Francisco Domingo Cabo, vinculado a la firma CM Arquitectura y Urbanismo SL encargada de la tramitación del PAI, y el concejal socialista de Urbanismo José Ruiz. “De ahí fructificó el acuerdo de llevar a cabo un proyecto de convenio urbanístico a suscribir con el Ayuntamiento de Burjassot”, sostiene el auto de la jueza instructora al que ha tenido acceso elDiario.es.

El 2 de junio del 2009 los empresarios y el consistorio firmaron el convenio. Por otro lado, el contrato entre las empresas de Feber y de Vera fijó unos honorarios para el abogado de 1,5 millones de euros, aunque sólo logró 174.000 euros.

Jordi Sebastià, entonces concejal del Bloc Nacionalista Valencià y actual alto cargo de la Conselleria de Economía, define el papel de Pere Mayor como “valedor del proyecto” de Eroski. Sebastià, consultado por este diario, recuerda que en aquella época estaba en la oposición y explica el contexto en el que se reunió con la presunta trama.

Los dos ediles valencianistas, cuyos votos eran decisivos al gobernar los socialistas sin mayoría absoluta, pretendían que el Plan General de Ordenación Urbana de Burjassot, aprobado en 1990, redujera la población de la localidad de 50.000 a 40.000 habitantes y que se rectificaran zonas de huerta productiva de cara a su protección. El aval al proyecto de centro comercial de Eroski sería una suerte de contraprestación en la balanza de la negociación política con el PSPV-PSOE. El proyecto, que nunca se ejecutó, fue aprobado por unanimidad.

Pere Mayor ya estaba retirado de la primera línea política en aquella época (era militante de base del Bloc, tras haber encabezado varias candidaturas fallidas en el largo invierno del valencianismo político de la última década del siglo XX y la primera del XXI) pero mantenía cierta influencia entre los cargos municipales del partido desde su ambivalente posición de consultor en la empresa privada.

Un papel que, además, siempre creó recelos en el seno de Compromís. Pere Mayor también tuvo un rol relevante en la intermediación con la familia Cotino para negocios en Hungría, a través de un empresario magiar productor de cine porno y condenado por estafa. Además, su nombre salió a la superficie en la investigación por el 'caso Crespo Gomar', finalmente archivado por prescripción. Más de uno en Compromís respiró tranquilo cuando Mayor anunció que se daba de baja (alegando el abandono por parte del partido de la “defensa de los intereses nacionales y sociales” del País Valenciano).

Regalos al edil de Urbanismo

Burjassot era, según indica la jueza instructora en el auto, un objetivo prioritario de la red Azud. La lista de municipios en el punto de mira de la presunta trama, encabezada por Burjassot, mostraba la preferencia por proyectos de VPO en alquiler. Además, la lista incluía el partido que gobernaba cada consistorio y los nombres de alcaldes, concejales de Urbanismo, secretarios y arquitectos municipales.

José Ruiz Cervera, el edil socialista encargado en Burjassot del negociado de Urbanismo, pasó a engordar la lista de personas que recibían regalos navideños de la presunta trama (en concreto, unos gemelos y billetes de lotería).

Tras meter la patita en la localidad, el empresario Jaime Febrer y José Luis Vera entraron en contacto con José Manuel Calpe Carceller, ingeniero municipal encargado de “todas las modificaciones y alteraciones necesarias” en las bases de licitación para la adjudicación de los derechos de superficie sobre parcelas de titularidad pública destinadas a construcción de vivienda protegida que perseguía la trama del 'caso Azud'. El ingeniero obtuvo luego un “claro beneficio” cuando una empresa de la que era apoderado firmó un contrato “en contraprestación a los servicios que prestó”, indica el auto.