La Audiencia de Valencia ha suspendido por segunda vez el juicio por el saqueo de la depuradora pública que operaba con la marca Emarsa por la petición de varias defensas, que no han tenido tiempo para estudiar una causa con 180 tomos y 200.000 folios producto de siete años de instrucción.
Los jueces han aceptado parcialmente los argumentos de las abogados de varios cabecillas de la trama acusada de robar 24 millones de euros. Los Letrados de Esteban Cuesta, ex gerente de Emarsa, Enrique Arnal, ex director financiero, y Jorge Roca, supuesto cerebro del lavado de dinero estafado, fueron nombrados vía turno de oficio en febrero.
Todos han alegado “imposibilidad de defensa por falta de tiempo material para el estudio de la causa”, aunque los abogados de Cuesta -para el que se piden 12 años de cárcel- y Arnal han confesado en la vista que han intentado hasta última hora llegar a acuerdos -rebaja de pena a cambio de confesión- con la Fiscalía.
Ahora tendrán una nueva oportunidad de pactar. El juicio se ha aplazado hasta el 2 de mayo -atendiendo la petición de la fiscalía, que se oponía a una suspensión sin nueva fecha- para que los abogados de oficio tengan tiempo para preparar la defensa. Los letrados de la Generalitat, personada en la causa para recuperar el dinero expoliado, han lamentado las triquiñuelas de algunas defensas. Singularmente, la renuncia de los abogados al borde del comienzo del juicio, hecha para “dilatar” la resolución de la causa.
Penas de hasta 14 años de prisión por el saqueo
La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
Para Esteban Cuesta, exgerente de la compañía de 2004 a 2010, pide 12 años de cárcel. Los otros 21 acusados se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de prisión. La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora, que operaba bajo la marca Emarsa, hasta quedarse con casi 24 millones de euros.
Lo hizo, según la fiscalía, en connivencia con el empresario Jorge Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.