Si en las Illes Balears el bipartito del PP y Vox pretende eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, por considerarlo un ente “prescindible”, sus homólogos valencianos del Ejecutivo presidido por el popular Carlos Mazón sigue una senda más moderada que consiste en bajar el presupuesto de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo creado en 2016 por el Pacte del Botànic y dirigido por Joan Llinares.
Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el próximo ejercicio 2024 incluyen una bajada del 3,61% de los recursos financieros para la AVA.
Si en los últimos presupuestos del Ejecutivo anterior presidido por el socialista Ximo Puig, Antifraude contaba con 5.342.060 euros, en las primeras cuentas presentadas por Mazón baja hasta los 5.149.250 euros. Así, el organismo dependiente de la Corts Valencianes pierde 192.810 euros.
En 2022, la AVA recibió 453 denuncias, según la última memoria presentada por Joan Llinares ante la cámara autonómica. Antifraude ha registrado un impacto económico de 5,6 millones de euros por sus actuaciones investigadoras.
“Si el coste de funcionamiento de la AVAF en 2022 ha sido de 3.193.853,18 euros, la ratio de retorno económico estimado supone que de cada euro invertido en la Agencia se recuperan 1,76 euros”, concluye el informe.