Según van conociéndose datos de la propuesta del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco para pactar con el fiscal Anticorrupción más se evidencia que gran parte del dinero desviado del saqueo de los fondos de la cooperación valenciana entre 2008 y 2011 no volverá a las arcas públicas. El Ministerio Público ha llegado a un preacuerdo con el expolítico por el que rebajará su petición de cárcel de 16 años a 3 y medio a cambio de la entrega de un bajo.
El inmueble no es ni propiedad de Blasco, sino que pertenece a su hijastra Déborah Salom Císcar. Además, el exconseller aseguró a través de su abogado en las cuestiones previas que tiene un valor de venta de 600.000 euros y ha aportado a la causa una tasación según la cual tendría un precio de mercado de 429.600 euros. Pero la realidad es que, según la documentación en poder de eldiario.es, Déborah Salom compró el bajo en el año 2004 por 215.000 euros, casi la tercera parte de lo que ha aceptado la fiscalía que vale en caso de cerrarse el acuerdo.
El bajo comercial está en estos momento alquilado a una clínica de estética y tiene 140 metros cuadrados. La hijastra de Blasco, hija mayor de su mujer Consuelo Císcar en su primer matrimonio, adquirió este bajo de manera privativa y con una hipoteca de la que adeuda unos 15.000 euros. Se la vendió la empresa Rodamientos y Transmisiones SL, una mercantil de Picanya de almacenamiento, montaje y distribución de elementos de trasmisión de potencia mecánica y rodadura y cuyo representante en la compraventa fue León Sancho Carreras.
La compra se produjo en el año 2004, en pleno boom inmobiliario en la ciudad de Valencia. El inmueble se encuentra en la calle Martí en el distrito de L'Eixample, en Valencia, una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad. En esa época, Rafael Blasco era conseller de Territorio del primer gobierno de Francisco Camps.
Blasco no ha ofrecido el dinero de la venta del bajo, sino que otorgará poderes a la Generalitat para que venda el inmueble. El Tribunal de Cuentas tiene embargada la mansión del exconseller en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira, Valencia) de la que se ha hecho una tasación que no alcanza en medio millón de euros. El expolítico, que se volverá a sentar en el banquillo a partir del próximo 20 de mayo, tiene que responder civil y solidariamente junto al empresario Augusto César Tauroni y el funcionario Marc Llinares con 3,5 millones de euros.